Los sindicatos fabriles reclaman un paro previo al tratamiento legislativo. Furlán acusó a gobernadores de negociar “a espaldas de los trabajadores” y pidió un cambio de estrategia en la central obrera.
El debate por la reforma laboral profundizó las tensiones dentro del movimiento sindical. Mientras la conducción de la CGT insiste en el camino del diálogo institucional, los gremios industriales reclaman una respuesta inmediata y contundente: un paro nacional antes de que el Congreso avance con la votación del proyecto.
Desde este sector sostienen que la iniciativa oficial es perjudicial desde su primer artículo hasta el último y que no existe posibilidad alguna de mejorarla mediante negociaciones. Por ese motivo, consideran que la estrategia de esperar y conversar solo dilata una reacción que debería ser urgente.
Abel Furlán, secretario general de la UOM, fue uno de los dirigentes más enfáticos. El metalúrgico apuntó contra los gobernadores que, según denunció, están dispuestos a acompañar la reforma a cambio de recursos del Gobierno nacional. Para Furlán, ese tipo de acuerdos no puede naturalizarse y se realizan sin consultar ni defender a los trabajadores.
El dirigente también cuestionó que los mandatarios provinciales asuman un rol central en una discusión que afecta directamente a los derechos laborales. En ese marco, reclamó que la CGT adopte una postura más firme y convoque a medidas de fuerza que expresen el rechazo del movimiento obrero.
La presión de los gremios industriales se suma a las críticas de otros dirigentes sindicales. Daniel Yofra, del gremio de Aceiteros, manifestó su malestar con la falta de reacción de la central obrera y sostuvo que la huelga sigue siendo la principal herramienta de defensa de los trabajadores, pese a que algunos sectores de la dirigencia la consideran superada.
Desde la CGT, el triunviro Jorge Sola reconoció que el contenido del proyecto genera preocupación y que existe una percepción creciente, especialmente entre los jóvenes, de que la reforma profundiza la precarización laboral y elimina derechos consagrados constitucionalmente. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre la posibilidad de convocar a un paro.
Para los sindicatos industriales, esa indefinición es parte del problema. Insisten en que el tiempo apremia y que la reforma avanza con el respaldo de sectores políticos que priorizan acuerdos coyunturales por sobre la defensa del empleo y las condiciones laborales.
Con el tratamiento legislativo cada vez más cerca, el mensaje hacia la CGT es directo: menos diálogo y más acción para frenar una reforma que, aseguran, tendrá consecuencias profundas y duraderas para el conjunto de la clase trabajadora.
Autor
