Con plazos judiciales vencidos y sin definiciones concretas, crece la denuncia de organizaciones que advierten que el Gobierno simula avances administrativos mientras posterga una sentencia firme.
La falta de cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad se consolida como uno de los principales focos de conflicto entre el Gobierno nacional y las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad. A pesar de que la Justicia ordenó su aplicación inmediata, el Ejecutivo continúa sin instrumentar la norma y responde con medidas consideradas ambiguas y dilatorias.
El fallo del Juzgado Federal de Campana estableció de manera clara la obligación del Estado de poner en marcha la ley sancionada por el Congreso. Sin embargo, los plazos fijados ya se encuentran vencidos y, según denuncian los organismos involucrados, no existe un plan concreto de ejecución. Las respuestas oficiales carecen de precisiones sobre fechas, montos, reglamentaciones y mecanismos de implementación.
Desde el Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), su referente Alex Goldman señaló que la situación es “extremadamente compleja” y explicó que la estrategia gubernamental consiste en aparentar actividad administrativa mientras se posterga la aplicación real de una sentencia que ya es definitiva. Según advirtió, esta conducta genera una profunda preocupación, ya que prolonga una crisis que afecta directamente la calidad de vida de miles de personas.
Uno de los aspectos centrales del incumplimiento es la falta de avances en las pensiones no contributivas y en el Programa Federal Incluir Salud. Aunque ambos instrumentos son fundamentales para garantizar derechos básicos, el Gobierno se limitó a presentar proyecciones presupuestarias sin detallar cómo se garantizará la cobertura durante el año en curso.
La compensación económica prevista por la ley también permanece sin التنفيذ. El Ejecutivo propuso un cálculo que no coincide con el reclamo del sector y no presentó ninguna normativa que respalde su implementación. Tampoco existe un cronograma de pagos que permita recuperar el deterioro sufrido por las prestaciones frente a la inflación.
El cierre del organismo estatal encargado de las políticas de discapacidad sumó más incertidumbre. Desde las organizaciones advierten que se trata de un cambio nominal que no modifica la estructura ni las decisiones de fondo, y que incluso podría profundizar la desprotección del sector.
Frente a este escenario, los espacios de lucha ratifican su continuidad. La Asamblea Federal de Personas con Discapacidad en Lucha convocó a un encuentro virtual para articular acciones a nivel nacional, mientras que el Foro por la Defensa de la Salud Pública impulsa una reunión para concentrar demandas urgentes de distintos sectores.
Los números reflejan la gravedad del panorama. Con una pensión que representa apenas el 70% de la jubilación mínima y gastos mensuales que pueden superar los 800 mil pesos, las familias de personas con discapacidad enfrentan una situación límite. Mientras tanto, el Gobierno sigue sin cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad, pese a la orden judicial vigente y al reclamo sostenido de la sociedad civil.
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