Dirigentes políticos y exfuncionarios cuestionaron la constitucionalidad del decreto que reformó el sistema de inteligencia nacional. Solicitaron frenar su aplicación y advirtieron que el caso podría llegar al máximo tribunal por su gravedad institucional.
Un nuevo frente judicial se abrió contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, con el que el Poder Ejecutivo introdujo cambios sustanciales en la Ley de Inteligencia Nacional. Un grupo de dirigentes políticos y exfuncionarios presentó una acción de amparo en la Justicia federal en lo contencioso administrativo para impugnar la norma, que fue oficializada el pasado 2 de enero, y pidió su suspensión inmediata mediante una medida cautelar.
La demanda fue impulsada por Leopoldo Moreau, Federico Storani, Ricardo Alfonsín, Manuel Garrido y otros exlegisladores, quienes sostienen que el decreto vulnera la Constitución al ampliar de manera indebida las atribuciones de los organismos de inteligencia y poner en riesgo derechos fundamentales de la ciudadanía. En el escrito también dejaron planteada la posibilidad de recurrir directamente a la Corte Suprema a través del mecanismo excepcional del per saltum.
Los cambios introducidos por el decreto
El DNU reformó la Ley 25.520 y reordenó el esquema de inteligencia del país. Entre las modificaciones centrales, el Gobierno dispuso la centralización de la conducción del sistema, creó la Comunidad de Inteligencia Nacional y la Comunidad Informativa Nacional, separó las funciones de ciberseguridad y ciberinteligencia y redefinió el rol de la Agencia de Seguridad Nacional, orientándola principalmente hacia tareas de contrainteligencia.
Para los demandantes, estas transformaciones no solo tienen carácter estructural y permanente, sino que además fueron implementadas sin debate parlamentario, lo que —según argumentan— resulta incompatible con el uso excepcional de los DNU previsto en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Objeciones constitucionales y pedido de cautelar
En la presentación judicial, los firmantes cuestionaron que el decreto habilite actividades de contrainteligencia, recolección y circulación de información sin control judicial previo, basadas en conceptos que consideran excesivamente amplios e imprecisos, como las nociones de “influencia” o “injerencia”.
Según el planteo, la mera vigencia de la norma genera un riesgo concreto de vigilancia estatal sobre actividades políticas, sociales, periodísticas y comunicacionales que cuentan con protección constitucional. El escrito advierte sobre una posible afectación de derechos como la privacidad, la intimidad, la libertad de expresión, la participación política y la protección de los datos personales.
Además, los actores señalaron que la reforma consolida un sistema de inteligencia con un alto grado de opacidad, al declarar encubiertas todas las actividades del sector, lo que —a su entender— limita severamente los mecanismos de control ciudadano y parlamentario.
Como parte de la acción, solicitaron la habilitación de la feria judicial y una medida cautelar urgente para suspender la aplicación de los artículos incorporados y modificados por el decreto. Argumentaron que cualquier intromisión ilegítima en la vida privada de las personas podría generar daños irreversibles o de muy difícil reparación.
Posible llegada a la Corte Suprema
El amparo deja expresamente formulada la reserva del caso federal y la eventual utilización del per saltum, al considerar que el tema reviste una “gravedad institucional” significativa. Según los firmantes, el caso involucra no solo la afectación actual de derechos fundamentales de incidencia colectiva, sino también el equilibrio entre los poderes del Estado.
La causa quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Martín Cormick, quien deberá resolver en primera instancia el pedido de medida cautelar. Mientras tanto, el debate vuelve a poner en discusión los límites constitucionales del uso de los decretos de necesidad y urgencia y el alcance del control judicial sobre las reformas impulsadas por el Ejecutivo.
La presentación se suma a otra acción judicial iniciada recientemente por los diputados Maximiliano Ferraro, Esteban Paulón y Mónica Frade, quienes también cuestionaron el contenido y la forma en que se instrumentó la reforma del sistema de inteligencia.
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