Jubilados, personas con discapacidad, universidades y el sistema científico figuran entre los sectores más golpeados por recortes, vetos presidenciales y presupuestos en retroceso. Un recorrido por las principales áreas afectadas.
La agenda económica y política del Gobierno nacional durante 2025 estuvo atravesada por una fuerte reducción del gasto público que impactó de lleno en áreas sociales clave. Jubilaciones, discapacidad, educación superior, ciencia, salud y programas de atención a enfermedades graves aparecen entre los rubros más castigados por las decisiones del Poder Ejecutivo, que combinó vetos presidenciales, subejecución presupuestaria y reformas regresivas.
Discapacidad: recortes, auditorías y una ley sin aplicación
Uno de los sectores más afectados fue el de las personas con discapacidad. A lo largo del año, el Ejecutivo avanzó con auditorías masivas sobre las pensiones no contributivas, un proceso cuestionado por su carácter discriminatorio y denunciado ante organismos internacionales. Según datos oficiales, estas revisiones derivaron en la baja de alrededor de 200 mil beneficiarios.
En numerosos casos, las personas alcanzadas no recibieron notificación previa ni sobre la auditoría ni sobre la suspensión del beneficio, y se enteraron de la decisión al dejar de percibir la pensión. Las medidas se dieron en paralelo a protestas del sector, que fueron respondidas con operativos represivos.
El Congreso sancionó la Ley de Emergencia en Discapacidad, que contemplaba la regularización de pagos a prestadores, la actualización mensual de aranceles, el refuerzo de talleres protegidos y centros de día —con salarios congelados en 28 mil pesos desde febrero de 2023—, la garantía de financiamiento de las pensiones y el cumplimiento del cupo laboral del 4% en el Estado. El impacto fiscal estimado oscilaba entre el 0,22% y el 0,42% del PBI.
Sin embargo, el presidente Javier Milei vetó la norma. Aunque ambas cámaras insistieron con mayorías especiales y la ley terminó promulgándose, su aplicación fue suspendida. La Justicia Federal ordenó su cumplimiento mediante un amparo colectivo, pero la disposición tampoco fue acatada. Más tarde, el Ejecutivo intentó derogar la ley a través del proyecto de Presupuesto 2026, iniciativa que no prosperó. A pesar del amplio respaldo institucional y social, la norma continúa sin ejecutarse.
Universidades públicas bajo presión
El ajuste también se profundizó en el sistema universitario. El proyecto de Presupuesto 2026 incluía la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario, que preveía un incremento significativo de recursos para el año próximo. Según autoridades académicas, la norma implicaba alrededor de 1.700 millones de dólares adicionales, una cifra comparable con beneficios fiscales otorgados recientemente a sectores concentrados.
Desde el inicio de la actual gestión, los salarios docentes perdieron cerca del 45% de su poder adquisitivo. Los gremios estiman que, en dos años, unos 10 mil docentes abandonaron las universidades públicas. En términos presupuestarios, la inversión educativa cayó del 1,48% del PBI en 2023 al 0,91% tras el ajuste inicial, bajó al 0,88% en 2025 y el objetivo oficial para 2026 es reducirla al 0,75%.
Autoridades universitarias advirtieron además sobre la brecha creciente con instituciones de la región: mientras en universidades de México o Brasil la inversión por estudiante es varias veces superior, el sistema argentino enfrenta dificultades para sostener su funcionamiento. El Consejo Interuniversitario Nacional alertó que los fondos anunciados para 2026 están muy por debajo de lo necesario para garantizar la actividad académica y científica.
Ciencia y tecnología: el mayor recorte histórico
El sistema científico-tecnológico atravesó en 2024 el ajuste más severo del que se tenga registro, con una reducción cercana al 33% respecto del año anterior. Organismos como el Conicet, el INTA y la Comisión Nacional de Energía Atómica sufrieron recortes de entre el 20% y el 28%, mientras que los fondos para investigación universitaria se desplomaron más del 70%.
Los salarios de investigadores y técnicos acumularon pérdidas de poder adquisitivo cercanas al 30%. Para 2025 se proyectó una nueva caída, y en el caso del Conicet el deterioro real del presupuesto supera el 12%, dado que la política salarial quedó por debajo de la inflación prevista.
La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación fue uno de los organismos más afectados, con una pérdida de más de 10 mil millones de pesos y la anulación o cierre de convocatorias clave a proyectos de investigación. Según referentes del sector, de mantenerse esta tendencia Argentina se encaminaría a ser el único país de América Latina sin inversión pública directa en ciencia.
El Presupuesto 2026 propone además eliminar artículos centrales de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que fijaban un sendero de crecimiento progresivo hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032 y prohibían retrocesos interanuales. También se busca suprimir el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, que sostiene centros de formación laboral, escuelas técnicas y programas de capacitación.
Jubilaciones: ingresos a la baja y protestas reprimidas
Los jubilados también figuran entre los más perjudicados. Durante 2025, las movilizaciones semanales para reclamar mejoras en los haberes fueron respondidas con operativos policiales. En diciembre, un jubilado que percibe la mínima con bono cobró 410.813 pesos, un monto inferior al registrado en noviembre de 2023 y también por debajo del nivel real de diciembre de 2024, evidenciando una pérdida sostenida frente a la inflación.
Salud: recortes en VIH, cáncer y enfermedades crónicas
En el área sanitaria, las organizaciones sociales denunciaron una reducción del 76% en los fondos destinados a la Dirección de VIH. El ajuste se tradujo en faltantes de reactivos para testeos, cambios en esquemas de medicación y una fuerte disminución en la compra y distribución de preservativos. También se registró la eliminación de materiales educativos y la falta de provisión de tratamientos de profilaxis pre y post exposición para miles de personas.
Datos presupuestarios muestran que líneas específicas vinculadas a estos programas desaparecieron por completo en las metas de 2025 y 2026. La distribución de tests rápidos de VIH se redujo casi a la mitad respecto de 2023, y durante 2025 no se ejecutaron compras. Para 2026, también se prevén recortes significativos en tratamientos para hepatitis C y tuberculosis.
La situación se agravó con la eliminación del fondo que financiaba gran parte del funcionamiento de la Fundación de la Hemofilia, que asiste a más de 4.800 personas y advirtió sobre el riesgo de cierre. En paralelo, el Instituto Nacional del Cáncer sufrió el despido del 37% de su personal y una fuerte caída presupuestaria: en 2025 recibió menos recursos que en 2024 y muy por debajo de los niveles de 2023.
Profesionales de la salud alertaron sobre la falta de medicamentos oncológicos, la interrupción de estudios de diagnóstico por imágenes y la escasez de insumos básicos, factores que impactan directamente en la sobrevida y calidad de atención de los pacientes.
Un ajuste con impacto social profundo
El mapa de los recortes de 2025 muestra una política de reducción del Estado que atraviesa múltiples áreas sensibles. Desde las jubilaciones hasta la ciencia, pasando por la educación y la salud, las decisiones presupuestarias y los vetos presidenciales configuran un escenario de retroceso en derechos y servicios esenciales, con consecuencias directas sobre los sectores más vulnerables de la sociedad.
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