La Casa Rosada analiza un reajuste para funcionarios nacionales como reconocimiento a la gestión. El debate atraviesa al Gabinete, que discute plazos, formas de aplicación y el impacto político de la medida.
El Gobierno nacional avanza en el diseño de un aumento salarial para funcionarios de primera línea que comenzaría a regir en 2026, con el argumento de reconocer los resultados obtenidos durante los primeros dos años de gestión. La iniciativa genera tensiones internas, ya que mientras algunos ministros impulsan que el incremento se aplique de manera plena desde el 1° de enero, otros sectores del oficialismo prefieren instrumentarlo de forma gradual.
En la sede del Poder Ejecutivo se trabaja por estas horas en la definición de las nuevas escalas y en el análisis del efecto que podría tener la medida sobre la opinión pública. La preocupación central es evitar que el anuncio coincida con debates sensibles en el Congreso, como el tratamiento del Presupuesto y la reforma laboral, previstos para las sesiones extraordinarias.
Según reveló un funcionario de alto rango, la estrategia que se evalúa es avanzar con el reajuste durante los meses de verano. “La idea es hacerlo cuando la atención social baja, en pleno receso vacacional”, deslizó, en referencia a un momento del año con menor impacto mediático y político.
Uno de los principales reclamos dentro del Gabinete tiene que ver con la brecha salarial respecto del sector privado. Los ministros sostienen que los ingresos actuales dificultan la conformación y retención de equipos técnicos especializados, dado que la diferencia con lo que se paga fuera del Estado resulta cada vez más amplia.
No es la primera vez que la propuesta llega al despacho presidencial. En ocasiones anteriores, especialmente en la antesala de las elecciones legislativas, la iniciativa fue presentada pero descartada debido al costo político que implicaba avanzar con una mejora salarial para funcionarios en un contexto económico complejo.
Ahora, con el horizonte puesto en 2026, el debate vuelve a instalarse puertas adentro del Gobierno, entre quienes consideran necesario recomponer los sueldos de la alta función pública y quienes advierten sobre el impacto negativo que la medida podría generar en la sociedad.
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