El proyecto reduce la presencia estatal, instala vouchers, habilita el homeschooling y abre la puerta a un esquema más desigual.
La propuesta de reforma educativa enviada por el Gobierno nacional encendió alarmas entre especialistas, sindicatos y universidades públicas, que advierten que la iniciativa representa un golpe directo al sistema educativo federal y al rol del Estado como garante del derecho a la educación.
La llamada “Ley de Libertad Educativa” introduce una transformación estructural que, según los expertos, rompe con los acuerdos construidos desde la aprobación de la Ley de Educación Nacional en 2006. El nuevo marco legal coloca a las familias en un rol preponderante y asigna a la sociedad civil la organización central del sistema, dejando al Estado en una posición subordinada.
El proyecto elimina la meta del 6% del PBI para inversión educativa, formaliza los aportes económicos a instituciones privadas y establece un sistema de financiamiento por demanda. Los famosos vouchers aparecen como un mecanismo que otorgará recursos a las familias o a los estudiantes mediante bonos, becas o vales, destinados a garantizar la libre elección de escuelas. La distribución de estos fondos dependerá, entre otros factores, del número de alumnos que cada institución logre atraer, un criterio que profundiza la competencia entre establecimientos.
Para analistas como Roberto Abdala, este modelo consolida un escenario de mayor desigualdad: las instituciones con más recursos podrán atraer a más estudiantes y, en consecuencia, recibir más financiamiento, mientras que las escuelas ubicadas en zonas vulnerables podrían quedar relegadas a circuitos cada vez más precarizados.
La reforma también impulsa una fuerte autonomía institucional. Cada escuela podrá definir su propio plan de estudios dentro de un marco general, regular sus cargas horarias —con un mínimo de 720 horas anuales, inferior al actual— y participar en la selección de su plantel docente. Asimismo, la declaración de “servicio educativo esencial” limitará medidas de fuerza del personal docente. Organizaciones sindicales advierten que esto afecta derechos laborales conquistados históricamente.
Otra novedad es la creación del Consejo Escolar de Padres, un organismo con atribuciones de supervisión, orientación institucional y control. Este consejo podría influir en la contratación y remoción de directivos, así como en la elaboración del reglamento interno, ampliando el poder de las familias sobre las decisiones de cada centro educativo.
La legalización del homeschooling ocupa un capítulo completo del proyecto. La educación en el hogar —dirigida por padres o tutores— y las modalidades virtuales serán reconocidas oficialmente, con evaluaciones basadas únicamente en exámenes estandarizados que medirán contenidos mínimos. Para muchos especialistas, esta medida impulsa un nicho de servicios educativos privados destinados a sectores de alto poder adquisitivo.
Roxana Perazza, integrante de un colectivo de expertos que reunió miles de firmas contra la reforma, sostuvo que la iniciativa “desmantela la idea de una escuela común que garantiza igualdad de oportunidades”. A su juicio, el Gobierno opta por desarmar un sistema que debía ser fortalecido y modernizado, en lugar de acompañar las transformaciones necesarias para responder a las nuevas realidades de niños y adolescentes.
Los gremios ya iniciaron reuniones con distintos sectores para organizar una campaña que frene el avance del proyecto en el Congreso. Señalan que la propuesta representa una profundización de la privatización educativa, debilita al Estado y deja la estructura escolar a merced de la competencia y el mercado.
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