El funcionario dejó su cargo tras una gestión marcada por el vaciamiento institucional, despidos masivos, censura de actividades y cuestionamientos por sus posturas ante organismos internacionales. Su alejamiento se produce en medio de nuevas designaciones que reorientan la política oficial en materia de memoria y derechos humanos.
El Gobierno nacional sumó otra baja en su estructura: Alberto Baños dejó la Subsecretaría de Derechos Humanos, puesto al que había arribado con el respaldo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Su gestión, ampliamente criticada por organizaciones del sector, estuvo atravesada por el desmantelamiento del área, la reducción del organismo a apenas un tercio de su capacidad original y decisiones que tensaron la relación con trabajadores y entidades de memoria.
La renuncia del funcionario se conoció poco después de los cambios en la conducción del organismo, ahora encabezado por Alfredo Vítolo, exasesor en materia de derechos humanos durante la gestión macrista y referente de posturas que promueven una revisión indulgente hacia militares condenados por delitos durante la última dictadura.
Baños había asumido el cargo con antecedentes controvertidos: como magistrado, no impulsó la investigación por la desaparición del policía Arshak Karhanyan y firmó una resolución que permitió la excarcelación de José Martínez de Hoz, exministro de Economía del régimen militar. A pesar de ello, el titular de Justicia lo despidió públicamente con elogios, destacándolo como un funcionario “que cumplió enormes tareas”.
Su paso por la Subsecretaría estuvo marcado por un clima de conflictividad interna. Desde su llegada, comenzaron los despidos y se instaló un control policial permanente en la sede ubicada en el predio de la exESMA, donde funcionó uno de los centros clandestinos más emblemáticos del terrorismo de Estado. Tampoco logró completar designaciones clave para el funcionamiento del área.
El inicio del año profundizó el malestar: mediante un mensaje de WhatsApp enviado por su secretaria, se dispuso el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y la licencia de todo su personal. Aunque Baños aseguró en entrevistas radiales y televisivas que el espacio reabriría, eso nunca ocurrió. También censuró jornadas académicas sobre políticas de memoria que ya se estaban desarrollando.
En febrero, impidió un recital organizado por organismos de derechos humanos en la exESMA e intentó judicializar actividades previstas en El Faro, el sitio de memoria de Mar del Plata. Paralelamente, promovió la firma de un acuerdo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para equiparar acciones de grupos armados de los años ’70 con delitos de lesa humanidad, una postura rechazada por especialistas y organizaciones.
En el plano internacional, Baños intervino para respaldar los planteos de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi —trasladados durante la gestión de Mauricio Macri— para mantener sus cargos en la Cámara Federal. Pero el punto de mayor tensión se produjo en mayo, cuando aceptó la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos a rango de Subsecretaría, una decisión que también implicó el descenso jerárquico del Museo Sitio ESMA y del Archivo Nacional de la Memoria, que pasaron a depender del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos.
En los últimos meses, según fuentes del organismo, Baños había perdido influencia dentro del Ministerio y comenzó a convivir con un creciente recelo hacia su figura por parte del equipo que mantiene línea directa con el asesor presidencial Santiago Caputo, especialmente quienes consolidaron su poder en el CIPDH.
En ese mismo contexto, se supo que Baños mantenía contacto con Ricardo Saint Jean, abogado vinculado a sectores que impulsan beneficios para represores condenados, y estaba al tanto de iniciativas para que varios de ellos accedieran a detenciones domiciliarias.
La renuncia del funcionario deja un área debilitada, atravesada por disputas internas y con un rumbo político reorientado hacia un enfoque que relativiza las políticas de memoria impulsadas desde el retorno democrático. El reemplazo de Baños abre la puerta a una nueva etapa cuya dirección preocupa a organismos y trabajadores que temen un retroceso aún mayor en materia de derechos humanos.
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