La administración nacional volvió a imponer el aumento por decreto tras otro intento fallido del Consejo del Salario. El ajuste, considerado “desconectado de la realidad” por la CGT, deja a la Argentina en el último puesto regional y acentúa la caída del poder adquisitivo.
La escena salarial del país sumó un nuevo capítulo de tensión cuando el Gobierno determinó por decreto un incremento del salario mínimo que, lejos de recomponer ingresos, vuelve a ubicar a millones de trabajadores en una situación de extrema vulnerabilidad. Con una suba de apenas 6.000 pesos para diciembre, el haber mínimo argentino cayó al fondo de la tabla regional y quedó incluso por debajo de los valores registrados en 2001, un nivel históricamente crítico.
La medida se tomó tras otro encuentro fallido del Consejo del Salario, en el que sindicatos y empresarios no lograron acordar un monto. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, los ingresos más bajos apenas crecieron 79%, frente a tarifas y servicios que avanzaron a velocidades alarmantes: el boleto de colectivo aumentó 600%, el de tren 520%, el subte 846%, mientras la luz y el gas treparon 234% y 531% respectivamente.
La normativa, formalizada mediante la Resolución 9/2025, establece un esquema de aumentos escalonados desde noviembre de este año hasta agosto de 2026. En ese período, el salario mínimo pasará de 322.200 pesos —valor vigente en octubre— a 376.600 pesos, lo que representa apenas un 16,8% de incremento en diez meses, una cifra muy inferior a cualquier proyección inflacionaria.
El detalle mensual muestra la tibieza del ajuste: 328.400 pesos en noviembre, 334.800 en diciembre, 341.000 en enero de 2026, luego leves subas sucesivas hasta alcanzar los 376.600 en agosto. El valor por hora avanzará de 1.642 a 1.883 pesos, una variación que tampoco logra compensar el encarecimiento del costo de vida.
Un informe de la CELAG expone con crudeza el retroceso: medido en dólares, el salario mínimo argentino alcanza apenas 225 dólares, ubicándose en el puesto 15 de América Latina, muy lejos de Costa Rica, que lidera con 729 dólares. Una década atrás, Argentina se situaba entre los primeros lugares.
Entre noviembre de 2023 y octubre de 2024, la caída real del salario mínimo fue del 35%, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET). Solo en 2024, el retroceso ya alcanza el 7,7%. Esto golpea de lleno a sectores que dependen de este parámetro para definir ingresos, desde planes sociales hasta algunas jubilaciones.
La nueva resolución también modifica la prestación por desempleo, que ahora será equivalente al 75% del mejor sueldo neto de los últimos seis meses, con un piso del 50% y un techo del 100% del salario mínimo. Sin embargo, al estar ese valor tan atrasado, miles de beneficiarios quedan atados a montos que no alcanzan a cubrir gastos básicos.
La CGT rechazó la medida de inmediato. Calificó de “insuficiente” el nuevo piso de 328.400 pesos y advirtió que “consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna”, recordando que la Canasta Básica Total supera 1.176.852 pesos. En la reunión previa, el sector empresario había ofrecido un aumento simbólico y la central obrera reclamó una recomposición del 71,6%. Sin acuerdo, el Gobierno optó por una cifra apenas superior a la propuesta patronal.
Referentes políticos también alzaron la voz. Carlos Castagneto afirmó que el Ejecutivo “impuso” el salario mínimo hasta agosto de 2026, “anulando cualquier discusión” y llevando el ingreso básico al valor real más bajo en tres décadas. Según sus cálculos, entre 2023 y 2025 se perdió más del 60% del poder de compra.
Desde el análisis técnico, Hernán Letcher, del CEPA, explicó que el ajuste decidido por el Gobierno “no recupera nada de lo perdido”. Recordó que los sindicatos buscaban alcanzar un nivel cercano a 497.000 pesos reales en abril de 2025, mientras que la propuesta empresarial equivalía a 313.500 pesos reales. El laudo oficial, en cambio, se aproxima a 320.000 pesos reales en abril de 2026, un número que, según Letcher, muestra que “el Gobierno acompañó la postura empresaria”.
Con este telón de fondo, el salario mínimo vuelve a quedar en el centro del conflicto entre la gestión nacional y el movimiento obrero. Y en un país golpeado por aumentos constantes en alimentos, tarifas y transporte, la distancia entre los ingresos y el costo de vida se profundiza día a día, dejando a millones en la cornisa económica.
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