En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, agrupaciones de todo el país se movilizarán para exigir el cumplimiento de leyes vigentes, la restitución de miles de pensiones recortadas, la continuidad de terapias esenciales y el fin de presuntas maniobras corruptas dentro del Estado. Acusan al Gobierno nacional de discriminación, desfinanciamiento deliberado y de convertirlas en “enemigos públicos”.
Una jornada de protesta ante una crisis sin precedentes
A 25 años de que Argentina se sumara a la resolución de la ONU que reconoce cada 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, distintas organizaciones advierten que el actual escenario es uno de los más críticos desde entonces. Aunque el país registró avances y retrocesos a lo largo de estas décadas, referentes históricos del sector coinciden en que el último año marcó un retroceso abrupto.
Desde las entidades del colectivo aseguran que se enfrentan a un deterioro profundo en el acceso a derechos básicos: terapias interrumpidas, instituciones al borde del cierre por falta de recursos, adultos y niños sin prestaciones esenciales y un masivo recorte de pensiones por invalidez. A esto se suma la denuncia de una presunta red de coimas en áreas estatales ligadas al sistema de prestaciones, situación que generó indignación en un sector ya golpeado.
Ante este panorama, organizaciones nacionales marcharán este 3 de diciembre hacia la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y posteriormente al Congreso, donde confluirán con jubilados, médicos residentes del Hospital Garrahan y movimientos sociales. También brindarán una conferencia de prensa para visibilizar los reclamos urgentes que, según destacan, ya no admiten más demora.
“Nos eligieron como enemigos”: el reclamo de las familias
Durante todo el año, el colectivo protagonizó numerosas movilizaciones frente a distintas dependencias del Estado, incluyendo la Quinta de Olivos, el Congreso y la propia Andis. La constante presencia en las calles permitió que la crisis del sector se instalara en el debate público, impulsada por la preocupación creciente de familias que temen perder apoyos fundamentales.
Madres y padres de niños con necesidades de apoyo continúan advirtiendo que la falta de financiamiento afecta directamente la continuidad escolar y terapéutica. La interrupción de tratamientos, la salida de acompañantes terapéuticos y la precarización de instituciones educativas y de salud crearon un escenario límite.
El congelamiento de aranceles que rigió entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025 agravó la situación. Prestadores de todo el país sostienen que la crisis dejó a cientos de escuelas especiales y servicios terapéuticos al borde del cierre. Las familias, mientras tanto, intentan sostener como pueden el sistema: realizan colectas, rifas y aportes de su propio bolsillo para evitar el derrumbe del entramado de apoyo que sus hijos necesitan.
Recortes, inflación y un Estado ausente: cómo se desfinanció el sistema
Los datos presupuestarios confirman las advertencias. De acuerdo con un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el programa Incluir Salud —que cubre prestaciones para casi medio millón de personas sin obra social— sufrió un recorte acumulado de alrededor de 300 mil millones de pesos reales desde la llegada de la actual administración.
Este programa financia terapias esenciales, transportes, apoyos educativos y medicamentos de alto costo. Su debilitamiento impactó de forma directa en la atención de las personas con discapacidad que dependen exclusivamente del sistema estatal.
A la par de estos recortes, el Congreso aprobó la Ley de Emergencia en Discapacidad con amplio consenso. La norma establecía aumento del nomenclador y una suma compensatoria para neutralizar la pérdida inflacionaria desde 2023. Sin embargo, la Casa Rosada vetó parcialmente la ley, y aun después de que el Congreso rechazara ese veto, la reglamentación quedó en un limbo jurídico. Las organizaciones denuncian que la ley permanece técnicamente vigente pero sin financiamiento real.
Mientras tanto, la Andis anunció un incremento promedio del 35 %, muy por debajo de lo establecido por la Emergencia. Instituciones, profesionales y beneficiarios consideran que este porcentaje es insuficiente para revertir la crisis.
El recorte masivo de pensiones: fallos judiciales, auditorías fallidas y denuncias de irregularidades
El Gobierno avanzó también con una reducción histórica del número de pensiones por invalidez. Auditorías impulsadas desde organismos estatales —sustentadas en argumentos que fueron posteriormente desmentidos— derivaron en la eliminación de casi 200 mil pensiones durante el año.
Sin embargo, la Cámara Federal de Catamarca determinó que ese proceso estuvo plagado de irregularidades y ordenó restituirlas. El plan oficial contemplaba inicialmente recortar cerca de 500 mil beneficios, pero se dio marcha atrás tras el escándalo público generado por audios filtrados y denuncias internas.
A pesar del fallo judicial, documentos oficiales muestran que para 2026 se proyecta un nuevo ajuste significativo: la eliminación de aproximadamente 197 mil pensiones por invalidez, lo que despertó aún más preocupación en las organizaciones y en los beneficiarios.
“Nos despertamos”: el colectivo se reorganiza y redobla la lucha
Para referentes del sector, el año dejó al descubierto tanto la vulnerabilidad estructural del sistema como la capacidad de movilización de las personas con discapacidad y sus familias. Sostienen que, pese al agotamiento, lograron instalar el debate en la agenda nacional y enfrentar medidas que consideraban injustas.
La consigna del 3 de diciembre sintetiza el clima actual: exigir que el Estado garantice los derechos que ya están reconocidos por ley, restituya los apoyos recortados y ponga fin al desfinanciamiento que afecta la vida cotidiana de miles de personas.
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