El Gobierno oficial enfrenta un nuevo foco de tensión tras conocerse que el patrimonio de uno de sus referentes, Cristian Ritondo, registró un incremento del 1709% en apenas un año, según documentación incorporada al expediente judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. La información, que forma parte del proceso, encendió alarmas tanto en el ámbito político como en el judicial debido a la magnitud del salto patrimonial y a las estructuras empresariales vinculadas al funcionario.
De acuerdo con la causa, Ritondo —actual integrante del Gobierno de Javier Milei— se encuentra al frente de la firma Rivadavia S.A., una empresa cuyo valor de venta supera los 55 millones de dólares, cifra confirmada por peritos y organismos oficiales que intervienen en la investigación.
Además, la compañía mantiene en ejecución 373 propiedades distribuidas en 14 desarrollos inmobiliarios, un volumen inusual para una sociedad administrada por un dirigente con función pública. Este entramado de inversiones, según la investigación, constituye uno de los elementos centrales que llevaron a la Justicia a profundizar el análisis de los movimientos financieros y societarios vinculados al funcionario.
Si bien desde el entorno del Gobierno oficial no hubo declaraciones formales, la situación generó incomodidad interna, especialmente por el fuerte alineamiento político entre Ritondo y el presidente Javier Milei. El caso se suma al clima de creciente escrutinio sobre el patrimonio y la actividad empresarial de figuras públicas, en un contexto donde la transparencia vuelve a ganar protagonismo en la opinión pública.
Por el momento, la causa continúa su curso mientras los investigadores revisan documentación contable, registros de proyectos inmobiliarios y declaraciones patrimoniales del funcionario. No se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas semanas, a medida que se incorporen informes actualizados sobre los activos involucrados.
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