Por primera vez en más de dos décadas, la comunidad religiosa que organiza la tradicional peregrinación hacia el santuario de Nuestra Señora de Loreto se encontró con la obligación de pagar un arancel a Vialidad Nacional para utilizar un tramo de la ruta nacional 12. La medida generó sorpresa e indignación entre referentes eclesiásticos y feligreses, y desde el gobierno adelantaron que situaciones similares podrían repetirse en otros puntos del país.
La histórica caminata de fe que cada año moviliza a miles de devotos en Misiones tuvo en esta edición un hecho inédito: la Iglesia Católica de la provincia debió desembolsar 560.000 pesos para garantizar que más de 12.000 peregrinos pudieran desplazarse a pie o en bicicleta por la ruta nacional 12 rumbo al santuario de Nuestra Señora de Loreto.
El reclamo se difundió públicamente cuando el rector del santuario, el sacerdote Leonardo Cuenca, difundió un video en redes sociales en el que expuso la situación y manifestó su descontento por el cobro. Según detalló, el monto fue solicitado por Vialidad Nacional como pago por la “intervención del camino”, requisito necesario para habilitar el tránsito seguro del grupo durante la jornada.
El depósito, explicó, se realizó en cuentas pertenecientes a la Agencia de Recaudación y Control de Argentina, organismo encargado de administrar estos ingresos.
En su mensaje, el sacerdote expresó su sorpresa y cuestionó la decisión oficial:
“En el país de la libertad, hoy tuvimos que pagar un arancel para poder peregrinar. Hasta para peregrinar ahora hay un impuesto”, señaló, visiblemente molesto.
Desde ámbitos gubernamentales trascendió que este no sería un caso aislado y que el cobro de cánones por intervenciones en rutas nacionales podría repetirse en otros eventos o actividades que requieran el corte parcial o el uso temporal de la infraestructura vial.
Entre los fieles y organizadores, la medida fue interpretada como un cambio significativo en la relación histórica entre el Estado y las manifestaciones religiosas masivas, que hasta ahora habían contado con autorizaciones sin costos económicos directos.
La polémica continúa creciendo en la provincia, mientras miles de personas completan su recorrido hacia el santuario, marcado este año no sólo por la devoción, sino también por el debate en torno al acceso y financiamiento del espacio público.
Autor
