La Fábrica Argentina de Aviones, dependiente del Ministerio de Defensa, atraviesa horas críticas tras dos denuncias realizadas por técnicos de la planta de Córdoba. La Oficina Anticorrupción ya recibió el expediente y un video donde se ve a una secretaria retirando dólares en efectivo encendió aún más las alarmas. La situación compromete la gestión del ministro Luis Petri y a la conducción encabezada por Julio Manco.
La Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), empresa estatal adscripta al Ministerio de Defensa, quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que su área de Legales presentara ante la Oficina Anticorrupción dos denuncias formales por presuntos pagos irregulares. Los planteos fueron realizados por trabajadores técnicos entre el 19 y 20 de agosto y señalan maniobras vinculadas a contratos de mantenimiento aeronáutico.
FAdeA, heredera de la histórica Fábrica Militar de Aviones, presta servicios para la defensa, la seguridad y el sector civil. Su cartera incluye diseño, producción y mantenimiento de aeronaves y equipamiento aeroespacial. Por ese motivo, el avance de estas denuncias golpea directamente a la conducción política del ministro de Defensa, Luis Petri.
Meses atrás, el portal Primereando había expuesto supuestos acuerdos poco transparentes entre el actual presidente de la compañía, Julio Manco —designado en febrero tras la renuncia de Fernando Sibilla— y empresas privadas como Hangar Uno y Alta Aviación. Esa información vuelve a tomar relevancia a partir de una grabación que muestra a una empleada cercana al gerente comercial de FAdeA, Pablo Salort, retirando 10.000 dólares en efectivo, luego de solicitar un adelanto de 30.000.
Según trascendió, Manco habría intentado desplazar a los trabajadores que se animaron a denunciar los presuntos retornos y contratos inflados. Uno de los puntos más controvertidos es el acuerdo con Alta Aviación: la administración previa había elaborado un contrato por el alquiler de un hangar a 10.000 dólares mensuales y horas técnicas a 45 dólares. Sin embargo, Manco renegoció esos términos y acordó una rebaja del 80% en el monto mensual, la reducción a 25 dólares por hora y seis meses de gracia. Ese beneficio extraordinario reavivó las sospechas de irregularidades.
Además, el documento firmado por Manco no habría pasado por el directorio integrado por Emilio Magnaghi y el brigadier Francisco Leguiza, lo que profundizó aún más las dudas. Tras cerrarse ese convenio, la secretaria asociada a Salort se presentó en las oficinas de Alta Aviación para solicitar el adelanto en efectivo de los dólares, acción que quedó registrada en un video.
Sorprendidos por la inusual petición, los empleados de la empresa privada llamaron a FAdeA para corroborar la información. Desde el área de Ventas confirmaron que la mujer era auxiliar de Salort, aunque negaron conocer cualquier gestión personal relacionada con pedidos de dinero.
Fue entonces cuando personal de Ventas y de Compras, entre ellos Juan Ronco, decidió elevar formalmente la denuncia ante la responsable de Asuntos Legales, Ética y Compliance, Julia Enríquez. A partir de eso, la funcionaria inició acciones preliminares de investigación y preservación de pruebas, clasificadas como Caso 1/2025 y Caso 2/2025, las cuales ya fueron remitidas a la Dirección de Transparencia del Ministerio de Defensa, liderada por Martín Camps.
Poco después de difundirse la grabación, el gerente comercial Pablo Salort presentó su renuncia, que fue aceptada por las autoridades de la empresa.
La relación personal entre Manco y Salort también quedó bajo la lupa. Ambos se conocieron durante la gestión de Mauricio Macri, cuando Manco trabajaba en la Dirección General de Logística de la Presidencia y Salort actuaba como nexo con Airbus. Incluso, allegados a ambos recordaron un viaje que realizaron juntos a la planta de Airbus Helicopters en Marignane, Francia.
El perfil profesional de Manco también vuelve al centro del debate. Inició su carrera en el Grupo HSBC en 2005, luego pasó a la Presidencia de la Nación en 2016 como responsable del área de Mesa de Entrada, y en 2017 quedó a cargo de la planificación de vuelos de la flota presidencial. Tras finalizar su designación en diciembre de 2019, regresó al sector público en 2024, ya bajo la administración de Javier Milei, para integrarse a la cúpula de FAdeA.
Hoy, su gestión enfrenta el mayor desafío desde su arribo a la empresa: esclarecer las denuncias internas y las imágenes que apuntan a un funcionamiento paralelo donde los contratos y la circulación de dinero en efectivo habrían escapado a los canales institucionales.
El avance de la investigación será clave para determinar responsabilidades y evaluar el alcance real de un posible nuevo escándalo de corrupción dentro de la principal fábrica aeronáutica del país.
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