El dirigente de la CGT advirtió que una reforma laboral elaborada sin participación de sindicatos ni sectores productivos podría resultar inviable desde su origen. También destacó que los convenios colectivos ya incorporaron modernizaciones y que el verdadero problema para las empresas es la presión impositiva.
En medio de crecientes especulaciones sobre una posible reforma laboral, el dirigente sindical Jorge Sola volvió a cuestionar la falta de información concreta y la ausencia de mesas de negociación. Para el triunviro de la central obrera, avanzar únicamente sobre rumores y sin la participación de trabajadores y empleadores supone “condenar el proyecto desde el arranque”.
Sola explicó que no existe un texto oficial en análisis y que, por el contrario, predominan versiones que aparecen y se niegan en cuestión de horas. Esta dinámica, afirmó, impide cualquier análisis serio y genera un clima de desconfianza entre los sectores involucrados.
El referente de la CGT remarcó que el Gobierno debería priorizar una reforma tributaria, ya que —según sostuvo— es la verdadera traba para el desarrollo productivo y para la creación de empleo. “Una pyme afronta cargas fiscales que pueden representar hasta el 40% de sus ventas antes de contratar personal. Esa es la urgencia”, argumentó.
También criticó que el Consejo de Mayo no avance en debates profundos y alertó que reproducir criterios similares al decreto 70/23, declarado inconstitucional, conduciría a nuevos conflictos. Para Sola, cualquier intento de legislar sobre relaciones laborales para todos los sectores por igual es incompatible con la variedad de realidades que atraviesa cada actividad.
Puso como ejemplo que en los servicios se trabaja con jornadas de siete horas, mientras que en la minería se implementan esquemas rotativos de 15 días por 12 horas, ya previstos en los convenios colectivos. Y sostuvo que esos acuerdos ya han incorporado avances como el home office y el uso de herramientas digitales. “Los convenios se actualizan. No estamos mirando al pasado”, enfatizó.
En su análisis, el rol del Estado debe ser el de un mediador eficiente, que garantice reglas estables y ofrezca seguridad jurídica sin caer en la burocracia. Además, consideró que estas políticas deben convertirse en lineamientos permanentes, más allá de los cambios de gobierno.
Consultado sobre la posibilidad de que el proyecto llegue al Congreso en breve, el dirigente estimó que su presentación ocurriría recién después del Presupuesto, lo que demoraría el debate hasta principios del año próximo. Y alertó que si la discusión queda encerrada en la dinámica política, los aportes técnicos quedarían sin efecto.
Sobre las objeciones empresarias en materia de juicios laborales, Sola sostuvo que el problema no radica en la legislación, sino en los plazos judiciales. “Si el empleador cumple la ley, no hay litigio. Las distorsiones están en la Justicia, no en los trabajadores”, afirmó.
En relación con los aportes sindicales, aclaró que solo son obligatorios para quienes se afilian y recordó que la libertad de asociación está protegida por la Constitución y tratados internacionales. “Debilitar la estructura gremial es inconstitucional”, remarcó.
Para cerrar, enfatizó que la CGT se encuentra cohesionada y con disposición a presentar propuestas. Y reiteró que la central representa a todos los trabajadores, más allá de su orientación política o pertenencia partidaria.
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