El Ejecutivo eliminó una normativa vigente desde hace más de treinta años y otorgó plena libertad a las instituciones educativas privadas para fijar sus precios. El cambio genera preocupación entre las familias por posibles subas en las matrículas.
Mediante un decreto publicado recientemente, el Gobierno nacional resolvió desregular los aranceles de los establecimientos educativos privados, una decisión que pone fin a décadas de supervisión estatal en la fijación de precios dentro del sistema educativo.
Hasta ahora, los colegios debían solicitar la aprobación del Ministerio de Educación para aplicar cualquier incremento en sus cuotas o matrículas. Con la nueva disposición, esa obligación queda eliminada, permitiendo a las instituciones definir libremente los valores que consideren adecuados.
La medida alcanza a todos los niveles educativos y comprende tanto a los colegios con subvención estatal como a aquellos que funcionan de manera totalmente independiente. Según fuentes oficiales, la decisión busca “modernizar las normativas vigentes y disminuir la intervención del Estado” en los asuntos administrativos de los establecimientos.
Sin embargo, el anuncio generó preocupación en la comunidad educativa. Diversas asociaciones de padres manifestaron su inquietud ante la posibilidad de que, sin controles, se produzcan aumentos significativos en las cuotas mensuales, afectando la economía de las familias que sostienen la educación privada de sus hijos.
Algunos especialistas advierten que la medida podría profundizar la desigualdad entre quienes pueden afrontar los nuevos valores y quienes no, especialmente en un contexto de alta inflación y pérdida del poder adquisitivo.
Con esta decisión, el Gobierno refuerza su política de desregulación y libertad de precios en distintos sectores, trasladando al ámbito educativo una lógica de mercado que podría transformar de manera sustancial el funcionamiento y la accesibilidad de los colegios privados en todo el país.
Autor
