El Decreto 366/25 del Gobierno nacional reformó de manera drástica la legislación migratoria argentina, generando fuertes críticas de especialistas en derechos humanos que advierten sobre un modelo inspirado en la política expulsiva y discriminatoria de Estados Unidos durante la gestión de Donald Trump.
Una reforma en silencio que reconfigura derechos
Sin anuncios oficiales ni debate parlamentario, el Gobierno de Javier Milei avanzó en mayo pasado con una profunda reforma migratoria a través del Decreto 366/25. La medida desmanteló el marco legal construido en 2003, cuando la Argentina había alcanzado un consenso histórico sobre la política migratoria, con respaldo de todas las fuerzas políticas.
El nuevo esquema elimina garantías fundamentales, afecta la Ley de Migraciones, de Educación Nacional, de Educación Superior y de Ciudadanía, e introduce restricciones transversales que alcanzan derechos básicos. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), los especialistas Bárbara Hines —abogada estadounidense experta en defensa de personas migrantes— y Pablo Ceriani Cernadas —miembro del Comité de Naciones Unidas para la protección de los trabajadores migratorios— analizaron los alcances del decreto y lo compararon con la política implementada por Donald Trump en Estados Unidos.
El modelo norteamericano: criminalización y encierro
Durante la presidencia de Trump, la retórica del “migrante criminal” fue uno de los ejes de su discurso. Prometió millones de deportaciones y la construcción de cárceles privadas financiadas con fondos federales. Sin embargo, según datos de organizaciones sociales citadas por Hines, los números oficiales fueron manipulados: el total real de deportaciones rondó las 200 mil, mientras que unas 60 mil personas permanecen detenidas en centros de reclusión.
“La administración Trump justificó estas medidas bajo el argumento de una supuesta amenaza a la seguridad nacional y la salud pública por la ‘invasión’ en la frontera sur”, explicó Hines. Además, recordó que las deportaciones alcanzaron incluso a familias completas y que se firmaron acuerdos secretos con países como Paraguay y Belice para enviar allí a personas expulsadas.
La abogada también advirtió sobre el rol de la Corte Suprema estadounidense, que otorgó a Trump amplias facultades ejecutivas: “Cada vez que un tribunal inferior intentó frenar sus políticas, la Corte Suprema le devolvió el poder. Es una amenaza directa para la democracia”.
Argentina: retrocesos normativos y criminalización del migrante
Aunque el Gobierno argentino no replicó un organismo equivalente al ICE estadounidense, la nueva normativa refleja un patrón similar. “En ambos casos se desprecian los límites democráticos y las reglas institucionales para modificar leyes que afectan derechos humanos básicos”, afirmó Ceriani Cernadas.
El abogado recordó que la Ley de Migraciones de 2003 fue fruto de un debate plural en el Congreso y que su modificación mediante un DNU vulnera el procedimiento republicano. “Ya en la gestión de Mauricio Macri se había intentado algo parecido con el Decreto 70/17, que fue derogado por inconstitucional”, apuntó.
Según el especialista, los fundamentos del Decreto 366/25 carecen de sustento: “Se menciona una supuesta invasión de extranjeros que afectarían los servicios públicos, cuando los datos oficiales indican que los migrantes representan apenas el 4,2% de la población. Es una reforma basada en prejuicios y no en evidencia”.
Expulsiones exprés y riesgo institucional
Otra de las medidas polémicas del Gobierno libertario fue el DNU 399/25, que permite expulsar personas extranjeras procesadas —incluso sin sentencia firme— por cualquier tipo de delito. “Esto vulnera el principio de inocencia y el debido proceso”, sostuvo Ceriani Cernadas.
Además, las expulsiones pueden concretarse sin investigar redes criminales vinculadas a narcotráfico o trata de personas, lo que, según el abogado, representa “un verdadero desprecio por la seguridad ciudadana”.
A esto se suma el intento de habilitar el arancelamiento en la salud pública y en la educación superior para personas migrantes, un retroceso sin precedentes. “Ni siquiera la ley migratoria de la dictadura imponía estas restricciones”, advirtió el especialista.
Miedo y resistencia
Desde la publicación del decreto, distintas organizaciones de derechos humanos registraron un incremento del temor entre la población migrante. “Muchas personas evitan presentarse en Migraciones o renovar su residencia por miedo a ser expulsadas”, explican desde el CELS.
Frente a este panorama, Ceriani Cernadas considera que el desafío pasa por fortalecer las redes de acompañamiento: “Las organizaciones de migrantes son actores centrales, pero hace falta mayor compromiso político y social para defender sus derechos como parte de los derechos de toda la población”.
Y concluye: “El problema no es solo jurídico: es cultural y ético. Se necesita valentía para cuestionar la xenofobia institucional que hoy amenaza a la Argentina”.
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