Mientras el ministro de Economía defiende la labor “ad honorem” de sus hijos en su cartera, se conoció que tres de ellos trabajan en el sector financiero y jurídico privado. Las revelaciones reavivan el debate sobre conflicto de intereses, transparencia y el uso de información privilegiada dentro del Estado.
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras confirmarse que varios de sus hijos colaboran con él “ad honorem” dentro de su ministerio, al tiempo que mantienen vínculos laborales con empresas del sector financiero y jurídico privado. La situación encendió las alarmas sobre posibles conflictos de intereses y acceso a información sensible del Estado.
Durante una entrevista televisiva, Caputo afirmó que sus hijos “trabajan gratis por la patria”, pero esas declaraciones derivaron en un efecto contrario al esperado: abrieron la puerta a múltiples interrogantes sobre la transparencia y legalidad de su desempeño.
Uno de los casos más llamativos es el de Cristóbal Caputo, de 25 años, formado en macroeconomía en la Universidad Di Tella y empleado desde hace casi dos años en Balanz Capital, una sociedad de Bolsa con fuerte presencia en los mercados financieros. Según registros oficiales, el joven ingresó el 12 de mayo de 2024 a la Quinta de Olivos junto a su padre y parte del equipo económico, en el marco de una reunión privada. La presencia de un trabajador del sector financiero en ese ámbito disparó preguntas sobre el nivel de información privilegiada al que podría tener acceso.
Otro de los hijos, Agustín Luciano Caputo, de 28 años, abogado, figura con su último aporte laboral realizado a nombre del estudio jurídico Bruchou & Funes de Rioja, señalado por haber participado en la redacción de la Ley Bases. Dicha firma también intervino en litigios contra trabajadores despedidos de empresas multinacionales amparándose en esa misma norma.
Por su parte, Luis Nicolás Caputo, de 30 años, trabaja para Invernea S.A., un fondo de inversión agropecuario fundado por Juan Pazo, actual titular de la Agencia Regulatoria de Comercio y Agroindustria (ARCA). La firma ha sido beneficiaria de políticas de desregulación del sector, entre ellas la breve eliminación de las retenciones a las exportaciones, medida impulsada por el propio Ministerio de Economía.
La polémica se agudiza porque ninguno de los tres hijos figura en los registros de contrataciones ni de prestadores de servicios de la Administración Pública Nacional, lo que contraviene los artículos 4 y 5 de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional. Aun tratándose de cargos “ad honorem”, la normativa exige la acreditación de funciones y una evaluación de conocimientos previa al ingreso.
El economista Nicolás Dvoskin, investigador del Conicet, señaló que este tipo de designaciones no encuadran en la legislación vigente y recordó que el Decreto 1109, que impedía la contratación de familiares en el Estado, fue modificado por el presidente Javier Milei al asumir el poder, habilitando la designación de su hermana, Karina Milei, como secretaria general de la Presidencia.
A su vez, la economista Delfina Rossi reavivó el debate al cuestionar públicamente los vínculos de Caputo con JP Morgan, el banco internacional donde trabajó antes de ser funcionario y que actualmente actúa como agente colocador de bonos de deuda emitidos por la Argentina. “Caputo, ministro de Economía, recompra la deuda que él mismo tomó, con asistencia del JP Morgan. ¿Qué nombre le ponemos a esta obra?”, ironizó Rossi en redes sociales.
El propio JP Morgan fue protagonista de una visita reciente al país: su CEO, Jamie Dimon, encabezó una exclusiva gala en el Teatro Colón, acompañado por figuras internacionales como Tony Blair y Condoleezza Rice, y empresarios argentinos como Marcos Galperin, Eduardo Elsztain y Mauricio Macri.
No es la primera vez que la familia Caputo se ve envuelta en controversias. En 2018, el ministro protagonizó un cruce público con la entonces diputada Gabriela Cerruti, quien había cuestionado los negocios familiares del funcionario. Aquella vez, Caputo argumentó que “podría ganar mucho más en el sector privado”, una frase que repite hoy casi con exactitud.
Entre acusaciones de nepotismo, sospechas de información privilegiada y una creciente desconfianza sobre la transparencia en la gestión pública, el caso de los hijos de Luis Caputo vuelve a instalar una pregunta central: ¿trabajan realmente “por la patria”, o desde adentro del Estado se abren las puertas del poder económico a los intereses privados?
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