La provincia de Buenos Aires resolvió prolongar por un año más la ley de emergencia económica, financiera y tarifaria destinada a las empresas y fábricas recuperadas. La decisión tiene como propósito brindar un respaldo legal a los trabajadores que sostienen la producción en establecimientos que en el pasado atravesaron cierres, ceses de actividad o procesos de quiebra.
Gracias a esta extensión, se evita que los inmuebles donde funcionan estas cooperativas de trabajo sean desalojados, al mismo tiempo que se asegura la provisión de servicios básicos como gas y electricidad. Estas garantías resultan claves para mantener en pie el esfuerzo colectivo que permite que cientos de familias conserven sus fuentes laborales.
La normativa alcanza a todas las fábricas y empresas recuperadas que funcionan bajo la forma de cooperativas, o bien que se encuentran en proceso de constitución. La administración provincial destaca que estas experiencias no solo preservan el empleo, sino que también representan un ejemplo de autogestión y compromiso comunitario frente a la crisis.
La medida forma parte de una estrategia de acompañamiento que busca proteger el entramado productivo bonaerense y garantizar que las unidades gestionadas por los trabajadores continúen desarrollando su actividad. Con esta prórroga, se reafirma la importancia de las fábricas recuperadas como actores centrales en la economía social y solidaria de la provincia.
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