El brutal femicidio de tres jóvenes mujeres de sectores humildes sacudió a la sociedad argentina y expuso nuevamente cómo la crisis social, económica y política se entrelaza con la violencia de género. El colectivo Ni Una Menos advirtió que “el antifeminismo de Estado y el ajuste son letales”, vinculando este hecho doloroso con un escenario de desprotección que afecta también a jubilados, pacientes de salud mental, niños con enfermedades crónicas, personas con discapacidad y enfermos de cáncer, sectores históricamente dependientes de la presencia activa del Estado.
En medio de este clima, las reacciones políticas mostraron fisuras. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, intentó desplazar la responsabilidad hacia la provincia de Buenos Aires y La Matanza, mientras la diputada Silvana Giúdice, en un tono demagógico, acusó al gobernador Axel Kicillof por haber viajado al exterior justo cuando se conocía la tragedia. Sin embargo, su viaje había comenzado antes y respondía a una invitación internacional que lo reunió con presidentes y líderes de la región, en un espacio que se planteó como alternativa a los discursos de Donald Trump y Benjamin Netanyahu en la ONU.
Al mismo tiempo, el presidente Javier Milei se encontraba en Estados Unidos buscando respaldo político y económico. Su encuentro informal con Trump, breve y carente de acuerdos concretos, terminó reduciéndose a la exhibición de un papel con un mensaje de apoyo. Detrás de esa escena, el verdadero poder se expresó en las condiciones impuestas por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien vinculó la ayuda financiera a los resultados de las elecciones argentinas.
La urgencia llevó al Gobierno a eliminar las retenciones al campo y, apenas dos días después, restituirlas por la presión norteamericana, generando tensiones con los productores locales. Mientras tanto, la empresa estatal china COFCO aprovechó el escenario para aumentar sus compras en Argentina y desplazar operaciones en otros mercados, incluidos los propios Estados Unidos.
Los condicionamientos que se negocian desde Washington incluyen exigencias de gran impacto: una devaluación poselectoral, reinstauración de retenciones, acuerdos estratégicos, una base militar en Tierra del Fuego y un distanciamiento de China. Estas imposiciones muestran que el respaldo económico no es desinteresado, sino una herramienta para consolidar la influencia norteamericana en la región y, especialmente, en la Argentina.
En este marco, la Ley RIGI, diseñada para atraer inversiones extranjeras, no logró los resultados esperados. Lejos de incentivar nuevas apuestas, varias compañías se retiraron del país. Mientras tanto, el interés de Estados Unidos sigue orientado hacia sectores estratégicos como alimentos, minería y energía, con el trasfondo de frenar el avance de China, que consolida su presencia regional con obras de infraestructura como el megapuerto de Chancay en Perú y corredores bioceánicos en Sudamérica.
La comparación con otros países de la región muestra el contraste: Brasil, México, Venezuela y Colombia, con gobiernos que no siguen la línea de Washington, expanden su intercambio comercial con China e India bajo principios de “beneficio mutuo”. Argentina, en cambio, se encuentra atrapada en deudas que no generan desarrollo y que, en la práctica, actúan como mecanismos de sometimiento.
El préstamo récord del FMI en tiempos de Mauricio Macri, utilizado para sostener su candidatura en 2019, marcó un precedente que se repite hoy con nuevas asistencias financieras, destinadas más a reforzar el poder político de Milei que a resolver los problemas estructurales del país. Estas deudas no se pagan con dinero: se pagan con soberanía, independencia y justicia social. En ese trueque desigual, Argentina pierde su capacidad de decidir sobre su propio destino.
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