El conflicto financiero del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) golpeó de lleno en Rosario, donde las clínicas y sanatorios privados decidieron interrumpir la atención a sus afiliados. La decisión afecta a militares y a personal de las fuerzas federales que cumplen tareas en la ciudad, quienes quedaron sin acceso a cobertura médica por una deuda que lleva meses sin ser cancelada.
De acuerdo con lo informado por la Asociación de Clínicas de la región, el incumplimiento en los pagos es millonario y, ante la falta de respuestas, no fue posible sostener las prestaciones. Esta situación genera incertidumbre entre los efectivos de Gendarmería, Prefectura y Fuerzas Armadas, cuya cobertura depende de manera directa de las partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa.
La problemática se suma a un contexto de precarización interna. Solo en la primera mitad del año se produjeron alrededor de 2200 renuncias y bajas en las distintas fuerzas de seguridad del país, lo que refleja el descontento por los salarios y la falta de condiciones adecuadas.
El escenario cobró aún más notoriedad en Rosario tras un hecho policial que involucró a un suboficial superior de Gendarmería: mientras trabajaba como chofer de UBER para completar sus ingresos, fue víctima de un robo y respondió con su arma, hiriendo a dos delincuentes. El episodio se convirtió en símbolo de las dificultades que atraviesan quienes deberían dedicarse de lleno a garantizar la seguridad, pero que hoy deben afrontar serias complicaciones económicas y sanitarias.
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