El Poder Ejecutivo confirmó la promulgación de la Ley 27.793, conocida como Emergencia Nacional en Discapacidad, pero al mismo tiempo resolvió que su aplicación quede en suspenso. La medida se debe a que el Congreso todavía debe definir las partidas presupuestarias necesarias para su financiamiento, condición indispensable para poner en marcha el articulado de la norma.
La decisión presidencial coloca a la ley en una situación singular: fue aprobada por el Parlamento, promulgada por el Ejecutivo, pero su entrada en vigencia está aplazada hasta que se determine de qué manera se cubrirán los gastos. En consecuencia, su efectividad dependerá del debate parlamentario sobre la reasignación o creación de recursos.
La historia de la norma ya venía cargada de tensiones. En un primer momento, Javier Milei había optado por vetarla, lo que generó un fuerte rechazo de distintos sectores vinculados a la discapacidad. Sin embargo, la insistencia de las dos cámaras legislativas obligó a que se diera marcha atrás con el veto y que finalmente se promulgara.
Ahora, con la suspensión temporal de su implementación, la discusión política se concentra en la cuestión presupuestaria. La resolución de ese punto será decisiva para que la Ley de Emergencia en Discapacidad pase de ser un marco legal promulgado a una política pública activa y concreta en el país.
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