La tensión política y social en torno a la situación de las personas con discapacidad sumó un nuevo capítulo con la denuncia penal presentada contra el presidente Javier Milei y miembros de su equipo. El juez federal Sebastián Casanello aceptó investigar al mandatario por la demora en implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad, una medida que el Congreso ratificó al rechazar el veto presidencial.
La causa fue impulsada por los diputados Esteban Paulón y Mónica Fein, quienes acusaron al Ejecutivo de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Según el escrito presentado en Comodoro Py, la demora en la promulgación oficial vulnera derechos básicos de miles de familias que aguardan la percepción de pensiones y beneficios.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, avivó la controversia al cuestionar la disponibilidad de recursos para financiar la ley. En declaraciones públicas, advirtió que el Congreso debía haber definido previamente el origen de los fondos. Para la oposición, esas expresiones confirmaron la falta de voluntad del Gobierno para aplicar la norma.
Desde la Casa Rosada, sin embargo, respondieron con dureza a los legisladores denunciantes, a quienes acusaron de generar un conflicto artificial. “El Ejecutivo tiene tiempo hasta el martes para promulgar la ley. La denuncia es un disparate”, señalaron fuentes oficiales.
El debate sobre los plazos fue retomado por Daniel Arroyo, autor de la iniciativa, quien subrayó que la Constitución otorga al Ejecutivo diez días para vetar o promulgar. “Cuando el Congreso insiste, la ley queda firme de inmediato. No hay margen para excusas. Es un papelón que se busquen vericuetos para dilatar la aplicación de una norma de emergencia”, advirtió.
El trasfondo social es de extrema gravedad. El monto de las pensiones por invalidez laboral, de $224.194 más un bono de $70.000, resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas, mientras que la falta de actualización del nomenclador afecta la prestación de servicios esenciales. Organizaciones como la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) alertaron que la demora estatal se traduce en abandono y discriminación.
Un fallo reciente en Formosa abrió una luz de esperanza, ya que la Justicia ordenó la restitución de pensiones no contributivas suspendidas de manera irregular. El precedente podría extenderse a otras provincias, según la Defensoría General de la Nación, que instruyó a las defensorías locales a seguir el mismo camino.
La denuncia contra Milei y sus funcionarios marca un hito político: es la primera vez en más de dos décadas que se rechaza un veto presidencial y se exige judicialmente la implementación inmediata de una ley. En un contexto de creciente malestar social y tensiones fiscales, la aplicación de la norma se convirtió en una prueba de fuego para el Gobierno nacional.
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