El violento episodio ocurrido este miércoles en Mendoza, cuando una estudiante de 14 años ingresó armada a la escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, efectuó disparos y permaneció atrincherada durante horas en un aula, volvió a encender la discusión sobre la política de libre portación de armas promovida por el Gobierno nacional.
La gestión del presidente Javier Milei introdujo modificaciones significativas en la normativa vigente. En diciembre de 2024, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), se redujo la edad mínima para acceder a la tenencia de armas: de los 21 años que regían hasta entonces, se pasó a los 18. El decreto alteró el artículo 55 de la Ley Nacional de Armas y Explosivos, habilitando a los mayores de edad —ya desde los 18— a adquirir, poseer y portar armamentos de uso civil.
Entre los fundamentos, el texto oficial indicó que la decisión buscaba “armonizar la legislación vigente” y reconocer la capacidad de los ciudadanos de ser legítimos usuarios desde que alcanzan la mayoría de edad. No obstante, se mantienen ciertas condiciones: no poseer antecedentes penales, acreditar datos personales ante la dependencia policial y presentar certificados que descarten limitaciones psíquicas o físicas que impidan el manejo de armas.
Meses después, en junio de este año, el Poder Ejecutivo amplió aún más el alcance de la normativa al habilitar la adquisición y tenencia de armas semiautomáticas por parte de civiles. La medida incluyó fusiles, carabinas y subametralladoras de calibre superior al .22 LR, que hasta 1995 eran de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Según el decreto, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) puede autorizar a los legítimos usuarios de Uso Civil Condicional la compra de este tipo de armamentos, siempre que acrediten fines deportivos y cumplan con los requisitos establecidos por el organismo. La norma aclara que, como condición indispensable, los solicitantes deben demostrar un uso legítimo y justificado de carácter deportivo.
El avance de estas regulaciones, que facilitan el acceso a armas de fuego en el país, genera una fuerte controversia social y política, especialmente tras hechos de violencia como el ocurrido en Mendoza, que reavivan las preocupaciones sobre las consecuencias de estas flexibilizaciones.
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