Por Mónica Angelini
Durante su paso como legislador, Miguel Saredi presentó un proyecto que generó un fuerte debate: la responsabilidad de los padres frente a los delitos cometidos por sus hijos menores de edad.
La iniciativa buscaba comprometer directamente a la familia en la prevención del delito, bajo la premisa de que los padres no podían desentenderse de las acciones de sus hijos y debían responder por los daños ocasionados.
Saredi sostenía que “la seguridad no se resuelve únicamente con más policías o más penas, sino con compromiso familiar y social”. En esa línea, proponía que los progenitores asumieran responsabilidad civil solidaria cuando sus hijos cometieran ilícitos.
Fundamentos
El proyecto recogía antecedentes del propio Código Civil argentino, que ya establece que los padres son responsables por los daños ocasionados por los hijos bajo su guarda (arts. 1114 y siguientes en el viejo Código, hoy arts. 1754 y ss. en el Código Civil y Comercial). Sin embargo, Saredi consideraba necesario reforzar ese marco legal en un contexto donde los delitos juveniles crecían en frecuencia y violencia.
Según el exdiputado, “la familia es el primer ámbito de contención y educación”, y recuperar la autoridad y la responsabilidad paterna resultaba indispensable para evitar que los menores quedaran expuestos a la calle, la violencia y el delito organizado.
Repercusiones
La propuesta dividió aguas. Para algunos sectores, era una medida ejemplificadora que buscaba fijar límites claros y enviar un mensaje contundente a la sociedad. Para otros, se trataba de un planteo punitivista que podía terminar castigando con mayor dureza a las familias de sectores más vulnerables.
Saredi defendió su iniciativa como un llamado a la corresponsabilidad, convencido de que “sin la participación activa de la familia no hay plan de seguridad que funcione”.
El proyecto de Saredi
El proyecto nunca llegó a convertirse en ley. Quedó en etapa de presentación y debate parlamentario, sin prosperar en el Congreso.
Otros intentos en Argentina
A lo largo de los años, distintos legisladores nacionales y provinciales impulsaron proyectos en la misma línea: reforzar la responsabilidad civil o incluso penal de los padres ante delitos cometidos por menores.
- En provincias como Córdoba, Mendoza o Santa Fe, se discutió la posibilidad de que los padres deban afrontar económicamente los daños causados por sus hijos, más allá de lo previsto en el Código Civil.
- También se propusieron reformas al régimen penal juvenil para combinar sanciones al menor con obligaciones de formación, seguimiento o reparación económica a cargo de los padres.
- En 2017 y 2018, algunos diputados nacionales plantearon modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, reintroduciendo la idea de una corresponsabilidad parental. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas prosperó.
Marco legal vigente
Lo que sí existe y está vigente es la responsabilidad civil de los padres por los daños ocasionados por sus hijos menores bajo su guarda, regulada en el Código Civil y Comercial. Este marco obliga a responder económicamente por los perjuicios causados, aunque sin un carácter “punitivo” o de sanción penal.
En conclusión
El proyecto de Saredi puso en agenda un debate incómodo pero necesario: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de los padres frente a las conductas de sus hijos menores?
Si bien la ley vigente ya contempla una obligación de reparación civil, la discusión sobre un mayor grado de responsabilidad parental en materia penal sigue latente.
Más allá de que aquel proyecto no prosperó, dejó planteada una pregunta central: ¿puede haber verdadera política de seguridad sin el compromiso activo de la familia?
