El entramado de presunta corrupción que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad y a la droguería Suizo Argentina S.A. continúa revelando situaciones llamativas y cada vez más comprometedoras. La empresa se negó a entregar a la Justicia las claves de acceso de sus correos electrónicos, lo que derivó en un operativo de ocho horas cargado de tensión. Ante la resistencia del responsable informático, los investigadores lo llevaron a una dependencia policial para dejar constancia de la obstrucción, y finalmente incautaron información directamente del servidor central.
La postura de la compañía contrasta con los estándares de cumplimiento empresarial que suele invocar y con la actitud que otras firmas adoptaron en casos de corrupción resonantes. La negativa también golpea de lleno en la imagen del presidente Javier Milei, que recientemente había difundido un comunicado de la empresa asegurando plena colaboración con la Justicia, algo que los hechos desmintieron.
Al mismo tiempo, la defensa legal de la droguería, a cargo del abogado Martín Magram, presentó un planteo de nulidad de la causa. Alegan que los audios en los que Diego Spagnuolo, exdirector de la Andis, menciona las coimas fueron obtenidos de forma ilícita. Sin embargo, la causa aún está bajo secreto de sumario y los abogados desconocen con exactitud el material reunido en el expediente.
El escenario se complica con nuevos elementos. Carone Fernández, una exempleada de la Agencia Nacional de Discapacidad, aseguró públicamente que proveedores de distintas provincias eran presionados para pagar sobornos si querían destrabar pagos atrasados. Según relató, esta situación era conocida por empleados en funciones y existirían registros en la propia agencia y en la Oficina Anticorrupción.
En paralelo, las maniobras de los implicados generan sospechas: Spagnuolo intentó escapar cuando la policía llegó a su domicilio en Pilar, donde le secuestraron una máquina de contar billetes pero no el dinero. También entregó un celular casi vacío, lo que evidencia que fue manipulado. Por su parte, uno de los dueños de la droguería fue sorprendido en Nordelta con 266 mil dólares en sobres poco antes de que su vivienda fuera allanada.
Mientras Spagnuolo evalúa convertirse en colaborador de la Justicia, en la Casa Rosada reina el desconcierto. El Gobierno busca comprender cómo alguien tan cercano al presidente pudo ser grabado admitiendo presuntas irregularidades. La investigación, dirigida por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, avanza con fuerza, y todo indica que este escándalo de las coimas seguirá escalando en las próximas semanas.
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