La noticia sacude al círculo político y empresarial ligado al expresidente Mauricio Macri: Gonzalo Mórtola, exinterventor de la Administración General de Puertos (AGP), fue condenado por la Justicia Federal. El fallo, dictado por el juez Daniel Rafecas, lo sentenció a seis meses de prisión en suspenso por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, en una causa donde se destapó un negocio millonario con el Estado.
Se trata del primer integrante del macrismo que recibe una condena judicial, un dato que deja en evidencia el entramado de favores, contrataciones irregulares y vínculos con empresas privadas que marcaron los años de gestión del PRO.
UN NEGOCIO MILLONARIO EN EL PUERTO DE BUENOS AIRES
La investigación probó que en 2016, en pleno auge del macrismo, la empresa INDRA cobró más de 940 mil dólares por una supuesta consultoría para una futura licitación del Puerto de Buenos Aires.
El escándalo estalló porque la contratación fue directa, sin cumplir con el proceso de licitación pública que exigía la ley. Para justificar la maniobra, Mórtola se apoyó en un informe de apenas dos carillas elaborado por dos “asesores expertos”: Martín Hagelstrom y Ernesto Laborde.
Lo llamativo es que Hagelstrom todavía sigue vinculado a la estructura de Guillermo Dietrich, exministro de Transporte de Macri, participando en charlas sobre la Hidrovía.
UN JUICIO QUE DESMONTÓ LAS MANIOBRAS DE DILACIÓN
Durante las audiencias, el juez Rafecas calificó de “intentos de dilación” las maniobras del exfuncionario, quien buscó a toda costa evitar sentarse en el banquillo. Primero pidió exhortos a España y otros países para frenar el proceso; después ofreció compensaciones económicas y hasta trabajo comunitario para esquivar la condena. Nada de eso funcionó: el juicio oral se realizó y terminó con un fallo ejemplar.
Además de la pena en suspenso, el tribunal le impuso costas procesales e inhabilitación especial por un año, el doble del tiempo de condena.
VÍNCULOS, PRIVILEGIOS Y EL PASADO NEWMAN
Mórtola, exalumno del exclusivo colegio Cardenal Newman —el mismo que cursó Macri—, solía presentarse como “emprendedor sanmartiniano” y hoy se autodenomina “Consultor Portuario Internacional”. Fue figura clave en la elaboración de los pliegos de la Hidrovía, un proyecto que el macrismo intentó dejar “cerrado” para el siguiente gobierno y que volvió a estar en la mira con la llegada de Javier Milei.
LA JUSTICIA CONFIRMÓ EL FRAUDE
En su elevación a juicio, el juez Marcelo Martínez de Giorgi fue contundente: la contratación de INDRA se realizó de forma “arbitraria, sin fundamento legal ni de conveniencia, eludiendo la licitación pública y favoreciendo a un único oferente gracias a la actuación irregular de Mórtola”.
La Cámara Federal, con los camaristas Llorens, Bruglia y Bertuzzi, avaló estas conclusiones y dejó sin margen de duda la responsabilidad del funcionario macrista.
Con esta condena, la era PRO suma su primera mancha judicial concreta. Un caso que abre interrogantes sobre el verdadero alcance de las decisiones que marcaron la gestión de Mauricio Macri en los puertos y en la Hidrovía, un negocio siempre millonario y nunca transparente.
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