Una dirigente política de Río Negro, actual diputada nacional y referente de La Libertad Avanza en la provincia, quedó envuelta en un nuevo escándalo judicial tras ser embargada de manera preventiva por un monto de hasta 50 millones de pesos. La medida se dictó en el marco de una demanda colectiva por la venta irregular de terrenos en Las Grutas, donde varias personas denunciaron haber pagado por lotes “listos para construir” que nunca recibieron con sus correspondientes escrituras ni con los servicios básicos prometidos.
El caso no es aislado. A lo largo de los años, la dirigente enfrentó otras acusaciones de gran impacto. En 2002 fue detenida en el estado de Florida con 400 gramos de cocaína, en una causa que la vinculó con el narcotráfico. Más adelante, en 2017, tras un procedimiento en su domicilio, quedó involucrada en una investigación por lavado de dinero. A ello se suman otras denuncias por operaciones fraudulentas en la venta de terrenos, lo que refuerza el cuestionamiento público en su contra.
Pese a la magnitud de los señalamientos judiciales y mediáticos, la diputada mantiene firme su intención de competir por una banca en el Senado, lo que la coloca en el centro del debate político provincial y nacional.
El desenlace de estas causas y su impacto en la arena electoral serán decisivos para conocer hasta qué punto estos antecedentes afectarán sus aspiraciones políticas.
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