Cinco meses después de la inundación que devastó a Bahía Blanca, la tensión entre la Provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional se mantiene intacta. El reclamo principal se centra en la falta de recursos para obras de infraestructura y en el incumplimiento de los compromisos asumidos a través del decreto 238/2025, mediante el cual el presidente Javier Milei había anunciado un fondo de asistencia para los damnificados.
Desde el gobierno bonaerense señalan que la Nación vetó la ley de emergencia y nunca aportó los 400 mil millones de pesos comprometidos. “La Provincia ya puso más de 400 mil millones y avanzó con la licitación de la obra que triplicará el tamaño del Maldonado, clave para resolver el problema de Bahía Blanca”, afirmó Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense.
La Casa Rosada, en cambio, asegura que el fondo fue de 200 mil millones y que ya se entregaron subsidios a los damnificados, aunque admite que existen más de 3.900 solicitudes aún “en análisis”. Para la Provincia, los números no cierran: incluso otorgando el máximo subsidio a los 32.076 beneficiarios, la suma no llega a los 100 mil millones, por lo que consideran que gran parte del dinero anunciado nunca se asignó.
Mientras tanto, los vecinos siguen padeciendo. En Ingeniero White, cientos de familias cortaron la Ruta 3 el 25 de junio para denunciar que casi 4.000 personas aún no recibieron ningún tipo de asistencia. Los reclamos apuntan también a los requisitos burocráticos que dejan afuera a los más vulnerables, como la exigencia de un medidor eléctrico que muchas viviendas precarias no poseen.
Las críticas hacia Nación se acrecientan también por las obras inconclusas. La Provincia destinará más de 210 mil millones de pesos a trabajos hidráulicos y urbanos, incluyendo la reparación del arroyo Maldonado. En contraste, la Ruta Nacional 3, a cargo del gobierno nacional, todavía funciona con puentes provisorios de hierro colocados tras el temporal, uno de los cuales ya muestra hundimientos que ponen en riesgo la seguridad vial.
Katopodis recordó, además, que existe un crédito de 200 millones de dólares del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, aprobado en 2023, que el Ejecutivo nacional mantiene sin ejecutar pese a estar destinado a proyectos de infraestructura resiliente ante inundaciones urbanas.
Los vecinos de Bahía Blanca y la Provincia de Buenos Aires coinciden en un reclamo urgente: la ayuda prometida debe llegar y las obras no pueden seguir demorándose.
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