La controversia por el presunto espionaje ilegal desde los servicios de inteligencia tomó fuerza con las denuncias de las dos CTA, que responsabilizan directamente al presidente Javier Milei y al jefe de la SIDE, Sergio Neiffert. En un documento contundente, las centrales obreras lideradas por Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy advirtieron sobre la existencia de un aparato de vigilancia con fines políticos que estaría violando derechos constitucionales.
La acusación se formalizó ante los tribunales federales de Comodoro Py y está patrocinada por la abogada Elizabeth Gómez Alcorta. En el escrito, se reclama una investigación urgente sobre la elaboración y difusión de un informe secreto de la SIDE que daba seguimiento a actividades de dirigentes opositores, organizaciones gremiales y movimientos sociales.
El detonante de esta serie de presentaciones judiciales fue la revelación de un documento titulado “Hechos Previstos 09JUL25”, en el que se detallan protestas, actos callejeros y eventos culturales previstos para el 9 de julio. Esa fecha no solo coincide con un día habitual de movilizaciones de jubilados, sino también con el cierre del plazo para la presentación de alianzas electorales en la provincia de Buenos Aires.
El gobernador Axel Kicillof, al saberse incluido en el seguimiento detallado del informe, decidió presentar una denuncia penal en La Plata. Según expresó en su escrito, el contenido de ese documento “impone la necesidad de una investigación judicial” ante la posibilidad de que se estén violando normas elementales del sistema democrático.
La denuncia del mandatario quedó en el juzgado de Alejo Ramos Padilla, quien ya ha llevado adelante causas vinculadas al espionaje ilegal, como la de la red encabezada por Marcelo D’Alessio y la instalación de bases de inteligencia encubiertas en el conurbano bonaerense.
Mientras tanto, las CTA señalaron que la vigilancia no puede justificarse bajo razones de seguridad nacional y que, en este caso, se trataría de una persecución ideológica y política. En su denuncia, subrayan que “la omisión de investigar a quienes dieron órdenes o autorizaciones específicas implicaría un grave daño a la democracia”.
La polémica creció en las últimas semanas con la reaparición del nombre SIDE, que reemplazó a la disuelta AFI a través de un decreto del Poder Ejecutivo. La SIDE actual está compuesta por cuatro agencias, entre ellas la ASN, dirigida por el comisario retirado Alejandro Cecati, con estrechos vínculos con exfuncionarios del macrismo.
Las denuncias de espionaje también alcanzan otros nombres vinculados a la estructura del Gobierno. Se ha mencionado a Diego Kravetz, actual jefe de Operaciones de la SIDE, como posible responsable de haber ordenado monitoreos sobre “grupos vulnerables”.
La gravedad del caso provocó reacciones también en el Congreso. El senador Martín Lousteau convocó a la Comisión Bicameral de Inteligencia para el próximo martes, donde se discutirá la posible citación de Neiffert y otras autoridades del área. Mientras tanto, la causa sobre espionaje continúa en manos del fiscal Guillermo Marijuán.
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