En una sesión cargada de tensiones políticas y fuerte presencia de manifestantes en las inmediaciones del Congreso, la Cámara de Diputados dio media sanción a dos proyectos centrales para el futuro inmediato de la educación y la salud en Argentina: el refuerzo del financiamiento universitario y la declaración de emergencia en el área pediátrica.
Ambas iniciativas recibieron un respaldo mayoritario, con 158 votos a favor en el caso de las universidades y 159 para la emergencia en pediatría, cifras que dejaron a la oposición a un paso de alcanzar la mayoría agravada necesaria para bloquear eventuales vetos del Poder Ejecutivo. Los votos decisivos provinieron de sectores opositores y bloques provinciales que comienzan a marcar distancia con el Gobierno nacional.
Los legisladores que responden al gobernador cordobés Martín Llaryora fueron fundamentales para conformar el quórum y acompañar las propuestas. También lo hicieron diputados radicales ligados a Rodrigo de Loredo y figuras del espacio Encuentro Federal. Por el contrario, gobernadores alineados con el oficialismo, como los de Mendoza y Entre Ríos, decidieron no acompañar.
El proyecto que busca garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales plantea la actualización automática del presupuesto de acuerdo con los índices de inflación. La iniciativa ya había sido aprobada el año anterior, pero fue rechazada por el Ejecutivo. Esta nueva media sanción representa una advertencia al Gobierno sobre los límites de su política de ajuste.
En el debate, se confrontaron dos posturas: por un lado, quienes denunciaron el abandono presupuestario del sistema universitario y, por el otro, los diputados libertarios que apelaron al discurso del «orden fiscal». “Lo que está en juego es el futuro de nuestros jóvenes y la calidad del sistema científico y educativo”, expresó la diputada Danya Tavela. En tanto, Miguel Ángel Pichetto advirtió que el Gobierno debe establecer prioridades reales y no solo recortar sin criterio.
La segunda ley aprobada declara la emergencia pediátrica por el plazo de un año. Entre otras medidas, permite compras urgentes de insumos médicos, garantiza recursos para el funcionamiento de hospitales como el Garrahan, y establece beneficios laborales para los profesionales del área, incluyendo mejoras salariales y exención del impuesto a las Ganancias para guardias médicas.
Durante el tratamiento, el diputado Pablo Yedlin alertó sobre la situación crítica del Hospital Garrahan, que ha recibido a más de 350 mil niños en lo que va del año, provenientes de todo el país. A su vez, Facundo Manes subrayó que «en los hospitales se lucha por la vida, no por los números», cuestionando la mirada economicista del oficialismo.
Fuera del recinto, una nutrida movilización expresó su apoyo a las leyes votadas. Trabajadores de hospitales, jubilados y empleados públicos se manifestaron pacíficamente, pero fueron reprimidos con camiones hidrantes y gas pimienta por las fuerzas de seguridad, lo que derivó en denuncias de ataques injustificados contra periodistas.
El oficialismo intentó neutralizar la avanzada opositora promoviendo un tratamiento paralelo de sus propios proyectos, como el reparto de Aportes del Tesoro Nacional y una reforma a la Ley de Combustibles. Sin embargo, estas maniobras no lograron frenar el avance de los temas impulsados por la oposición, que estableció el 13 de agosto como fecha límite para emitir dictámenes en las comisiones clave.
Además, la Cámara baja rechazó una serie de decretos emitidos por el Ejecutivo que alteraban el funcionamiento de organismos estratégicos, como Vialidad Nacional y la Secretaría de Cultura. La contundencia de los votos opositores dejó en evidencia el creciente aislamiento del oficialismo dentro del Poder Legislativo.
Con estas dos medias sanciones, el Senado deberá ahora definir si convierte en ley ambas iniciativas, mientras el Gobierno nacional enfrenta crecientes cuestionamientos por su política de ajuste y su conflictiva relación con el Congreso.
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