El gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió dar un paso más en el conflicto por los fondos retenidos por la administración nacional. La gestión de Axel Kicillof anunció que recurrirá nuevamente a la Corte Suprema de Justicia para exigir el pago de una deuda que asciende a $12,1 billones, de los cuales $1,6 billones corresponden a recursos previsionales que no han sido transferidos por el Estado nacional.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, fue quien explicó la decisión en una conferencia de prensa. Allí detalló que la provincia solicitará al máximo tribunal que se expida sobre su competencia en este litigio y que convoque a una audiencia entre las partes, siguiendo el ejemplo de lo sucedido recientemente con las provincias de Córdoba y Santa Fe.
“Estamos frente a una situación de enorme gravedad institucional y financiera. Se trata de recursos que le pertenecen al pueblo bonaerense y que la Nación ha decidido retener de manera injustificada”, afirmó Bianco. La presentación busca que la Corte dé lugar a una instancia formal de discusión entre representantes del Ejecutivo nacional y de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de alcanzar una resolución sobre el reclamo.
La disputa se enmarca en una creciente tensión entre el gobierno nacional y los mandatarios provinciales, que desde el inicio del actual mandato han advertido sobre el incumplimiento de compromisos financieros por parte del Ejecutivo central. En el caso de Buenos Aires, el reclamo se focaliza en transferencias no efectuadas relacionadas con el sistema previsional, aunque también se suman otras partidas que incrementan el monto total de la deuda.
Desde la administración provincial se remarcó que este paso judicial no busca generar un conflicto político, sino restituir fondos legítimos que afectan directamente la prestación de servicios esenciales y el equilibrio de las cuentas públicas bonaerenses. Kicillof ya había planteado en reiteradas oportunidades esta problemática, pero hasta el momento no hubo respuesta favorable por parte de Nación.
El pedido de audiencia ante la Corte representa un nuevo capítulo en una disputa que, según fuentes del gobierno provincial, se agravó desde el recorte de fondos iniciado por la actual administración nacional. La expectativa de la provincia está puesta ahora en que el tribunal acepte la solicitud y abra el espacio de diálogo institucional que permita avanzar hacia una solución.
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