La protesta de jubilados frente al Congreso, que reclamaba la implementación del aumento aprobado por el Congreso Nacional y un bono compensatorio, terminó con un violento accionar policial que dejó detenidos, empujones y escenas de represión en pleno centro porteño. El presidente Javier Milei ya había anunciado que vetaría la normativa votada tanto en Diputados como en el Senado, lo que motivó la movilización de distintos sectores.
Los enfrentamientos comenzaron cerca de las 16:30, cuando las fuerzas policiales intentaron dispersar a los manifestantes que se habían congregado para participar de la marcha. En cuestión de minutos, las calles se convirtieron en un campo de confrontación con golpes, corridas y gritos. La tensión se incrementó cuando un cordón de efectivos quedó rodeado por personas que protestaban sobre la Avenida de Mayo.
El despliegue de seguridad había iniciado al menos dos horas antes de los disturbios. Se colocaron vallas metálicas en los alrededores del Congreso, lo que provocó un embudo entre las calles Hipólito Yrigoyen, Entre Ríos, Rodríguez Peña y avenida Rivadavia. Esta medida generó no solo molestias para los manifestantes, sino también un importante embotellamiento vehicular.
El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, fue duramente cuestionado por la ejecución del operativo. Periodistas en el lugar aseguraron que el dispositivo tenía un fuerte tinte represivo. “Antes decían que todos los manifestantes eran barrabravas, pero hoy hay apenas unas 15 personas. ¿A quién van a culpar ahora?”, ironizó uno de los cronistas que cubría la manifestación.
La convocatoria, organizada bajo el lema “Marcha antirrepresiva y contra el veto presidencial”, también exigía la restitución de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad. Para muchos de los presentes, la represión representa una señal preocupante del rumbo del Gobierno frente a las demandas sociales.
La jornada dejó no solo heridos y detenidos, sino también una creciente preocupación por el uso de la fuerza pública ante expresiones legítimas de reclamo social.
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