El Gobierno nacional recibió este lunes los tres proyectos que el Congreso sancionó el pasado 10 de julio, y que ahora están en manos del presidente Javier Milei, quien tiene hasta el 4 de agosto para definir si los convierte en ley o recurre al veto. La posibilidad de que los rechace, total o parcialmente, ya fue anticipada por referentes del oficialismo.
El paquete legislativo abarca temas de alta sensibilidad social: un incremento del 7,2% en las jubilaciones, la ampliación del bono para quienes perciben la mínima (que pasaría de $70.000 a $110.000), la reapertura por dos años de la moratoria previsional que venció en marzo, y la declaración de emergencia en materia de discapacidad.
Desde el oficialismo se plantea que estas medidas no fueron acompañadas por una evaluación fiscal adecuada, y advierten que su implementación podría poner en riesgo los objetivos del plan económico que impulsa el Gobierno. Bajo esa lógica, el veto presidencial aparece como una herramienta probable.
De concretarse un veto, el Congreso tiene la posibilidad de insistir con las leyes, pero eso requiere alcanzar los dos tercios de los votos en ambas cámaras. Mientras en el Senado los números ya superaron ese umbral, en Diputados el panorama es más incierto: el proyecto de aumento a jubilados obtuvo 142 votos afirmativos, el de emergencia en discapacidad consiguió 143, y la moratoria previsional apenas alcanzó 111, lejos del número necesario para insistir en caso de rechazo.
La discusión ya generó reacciones en sectores sociales, gremiales y políticos que presionan al Ejecutivo para que no frene los avances legislativos. Las próximas semanas serán decisivas para saber si el presidente avalará las iniciativas votadas por el Congreso o si optará por desactivarlas con su firma. En cualquier caso, el posible veto reaviva la tensión entre el Gobierno y la oposición, y pone a prueba la capacidad del Congreso para responder.
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