El futuro de la Dirección Nacional de Vialidad está en duda. El Ejecutivo prepara un decreto que eliminaría esta institución creada hace casi 100 años, junto con otros dos entes fundamentales: la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La iniciativa oficial forma parte de un proceso de reorganización del Estado que impactaría de lleno en áreas sensibles como el control del tránsito y la gestión de la infraestructura vial.
Según trascendió, en lugar de estos organismos, las tareas de fiscalización en rutas quedarían a cargo de la Gendarmería Nacional. A su vez, el Ministerio de Transporte se enfocaría en actividades formativas, mientras que el manejo de las concesiones viales y ferroviarias sería absorbido por el Ministerio de Economía.
Este esquema deja en una situación de incertidumbre a más de 5.000 trabajadores. Además, surgen interrogantes en torno a cómo se garantizará la seguridad vial sin el respaldo de los equipos técnicos y profesionales que hasta ahora desarrollaban esa función. Expertos advierten que sin una estructura especializada, el control de rutas y trenes podría volverse deficiente, con un impacto directo en la seguridad de los ciudadanos.
La Dirección de Vialidad Nacional ha sido históricamente responsable del desarrollo y mantenimiento de la red vial argentina. Su posible eliminación, en conjunto con la de otros organismos clave, representa una transformación sin precedentes en el diseño estatal de las políticas de transporte y movilidad.
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