La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ha intensificado su protagonismo en los últimos días con una serie de operativos judiciales que sacudieron el escenario político. En un contexto de tensión creciente, la magistrada habría decidido ir a fondo contra referentes del kirchnerismo, con un objetivo claro: posicionarse como candidata a la Procuración General de la Nación.
Los recientes procedimientos incluyeron allanamientos y arrestos a militantes políticos, en un despliegue inusual que despertó asombro incluso dentro del Poder Judicial. En la Cámara Federal, magistrados y funcionarios manifestaron su sorpresa ante la virulencia de las medidas dispuestas por Arroyo Salgado. Algunos ya la comparan con el fallecido juez Claudio Bonadio, conocido por sus embestidas judiciales contra figuras del kirchnerismo.
El periodista Eduardo Feinmann fue quien anticipó que la próxima figura en la mira sería la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Según versiones que circulan en los tribunales, Arroyo Salgado estaría evaluando ordenar su detención como parte de su estrategia para ganar visibilidad y respaldo político.
La ambición de la jueza por convertirse en Procuradora General parece ser el motor detrás de estos movimientos. En ese marco, su acercamiento al oficialismo de Javier Milei no pasa desapercibido. Varios operadores judiciales consideran que busca demostrar una línea dura contra antiguos referentes del peronismo como gesto hacia el actual gobierno.
Desde sus primeros pasos en la Justicia, Arroyo Salgado fue vinculada al exagente de inteligencia Antonio «Jaime» Stiusso, aunque en los últimos años se habría distanciado de él. En la actualidad, su presencia frecuente en la Embajada de Estados Unidos alimenta especulaciones sobre respaldos internacionales y una estrategia más ambiciosa que el mero avance en causas judiciales.
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