La Cámara de Casación Penal será el escenario de una decisión trascendental este lunes, cuando se reúnan los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña para resolver el modo en que Cristina Fernández de Kirchner debe continuar cumpliendo su condena por la causa Vialidad. La exmandataria fue sentenciada a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
La audiencia, de carácter oral y público, pondrá en discusión dos cuestiones fundamentales: el lugar de detención y el uso de la tobillera electrónica. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola reclaman que Cristina Kirchner sea trasladada a una unidad carcelaria común, argumentando que la prisión domiciliaria no se corresponde con la seriedad del fallo judicial. También insisten en que el domicilio de la exjefa de Estado no ofrece condiciones de seguridad adecuadas, aunque un informe oficial lo avala plenamente. En caso de mantenerse la reclusión en su casa, proponen un cambio de lugar.
Los representantes del Ministerio Público sostienen que no debe haber trato diferencial para condenados por corrupción, señalando que «la Justicia debe asegurar que las penas se cumplan en los espacios penitenciarios previstos». Sin embargo, no todos los implicados en el expediente Vialidad están encarcelados: Nelson Periotti accedió a la domiciliaria por su edad avanzada, José López lo solicitó por su condición de testigo protegido en otra causa y Raúl Pavesi aún espera una resolución.
Del otro lado, la defensa de Cristina Kirchner, a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, pedirá que se mantenga la prisión domiciliaria sin el uso del dispositivo electrónico, dado que la expresidenta se encuentra permanentemente vigilada por efectivos de la Policía Federal. Argumentarán que la expresidenta jamás desobedeció una orden judicial, no presenta riesgo de fuga y que su situación no representa un privilegio sino una necesidad justificada tras el intento de magnicidio que sufrió en 2022.
“El monitoreo electrónico es innecesario porque hay vigilancia personal constante y no hay peligro procesal de ningún tipo”, señalaron los defensores en presentaciones previas.
La resolución que adopte la Cámara tendrá implicancias legales y políticas de gran peso. No solo determinará las condiciones en que la expresidenta deberá cumplir su condena, sino que también influirá en futuros debates sobre el tratamiento penal de dirigentes políticos condenados.
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