La muerte de Gustavo Héctor Cabello, un hombre de 52 años que vivía en situación de calle desde 2022, desató una fuerte polémica en Mar del Plata. La conmoción no solo se relaciona con el fallecimiento en medio de una ola de frío extremo, sino también con las graves denuncias contra el gobierno municipal de General Pueyrredon por presunto hostigamiento sistemático hacia personas sin techo.
El abogado laboralista Julio Hikkilo, titular de la Casa del Trabajador, presentó una denuncia penal contra el intendente Guillermo Montenegro y la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, por los delitos de homicidio, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La presentación judicial sostiene que el Ejecutivo local lleva adelante una política sostenida de persecución y maltrato hacia personas en situación de calle.
Según consta en la denuncia, las patrullas municipales recorren regularmente las calles de la ciudad, donde ejercen actos de violencia y despojan a las personas sin hogar de sus escasas pertenencias y abrigos, muchas veces proporcionados por vecinos y organizaciones solidarias. Esta conducta, calificada por el letrado como una práctica punitivista, agrava la ya extrema vulnerabilidad de quienes viven a la intemperie, especialmente bajo condiciones climáticas adversas como las que azotan actualmente a gran parte del país.
La denuncia judicial también incluye el testimonio de residentes de la zona, quienes relataron que Cabello fue visto siendo despojado de sus abrigos por miembros de la patrulla municipal días antes de su muerte. En este contexto, la Mesa contra la Violencia Estatal de General Pueyrredon denunció públicamente a la Patrulla Municipal como una «fuerza de choque» que actúa con violencia cotidiana y sistemática. El organismo señaló además que los reclamos presentados ante el Concejo Deliberante y la Justicia no reciben respuestas, y que las denuncias son archivadas gracias a la mayoría automática con la que cuenta el oficialismo local.
La Secretaría de Desarrollo Social municipal informó que Cabello solía pernoctar en la entrada del garage de una vecina del barrio, quien le ofreció comida la noche anterior al hallazgo de su cuerpo sin vida. Autoridades locales argumentaron que el hombre padecía problemas de adicción y que en varias oportunidades había rechazado asistencia oficial para tratar su consumo y realizarse chequeos de salud.
En una respuesta que generó indignación, el intendente Guillermo Montenegro —actualmente alineado políticamente con sectores afines a La Libertad Avanza— negó que la muerte tuviera relación con las bajas temperaturas. A través de sus redes sociales, afirmó que el fallecimiento se debió a una arritmia cardíaca y calificó a Cabello de “delincuente con antecedentes”, en un intento por deslegitimar su condición de víctima de abandono estatal. Además, sostuvo que detrás de la denuncia judicial existe una «operación política».
Sin embargo, vecinos del barrio donde vivía Cabello lo describieron como una persona muy querida por su comunidad. “Era un hombre tranquilo, no molestaba a nadie”, señalaron varios de ellos a medios locales.
El caso también remite a antecedentes de la trayectoria política del intendente. Durante su paso por la Ciudad de Buenos Aires como ministro de Justicia y Seguridad, bajo la gestión de Mauricio Macri, se creó la controvertida Unidad de Control del Espacio Público (UCEP). Este organismo fue duramente criticado por ejercer violencia contra personas en situación de calle, y llegó a enfrentar denuncias de golpizas, maltratos verbales, robos e incluso abuso sexual. Uno de los casos más graves involucró a una mujer embarazada que denunció haber sido agredida físicamente, resultando con una lesión obstétrica, y abusada por integrantes del organismo.
Aunque la UCEP fue disuelta en 2009 tras una ola de denuncias, su lógica de funcionamiento parece haberse replicado en el accionar de la Patrulla Municipal de Mar del Plata. Las imágenes de operativos de desalojo violento circulan actualmente por redes sociales, promovidas incluso por cuentas oficiales del municipio, donde se exhiben acciones contra personas en situación de calle bajo una estética de orden y control.
La muerte de Gustavo Cabello reabre el debate sobre la criminalización de la pobreza, el abandono estatal y el rol de los gobiernos locales frente a una crisis social cada vez más visible en las calles de las principales ciudades del país. La Justicia ahora deberá investigar si, como señala la denuncia, existió responsabilidad penal por parte de las autoridades municipales en la muerte de un ciudadano que, a pesar de su vulnerabilidad, fue tratado como un estorbo y no como una persona con derechos.
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