En una nueva escalada judicial con tintes políticos, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumpla su condena en una unidad penitenciaria o, al menos, en un sitio sin contacto con manifestantes o actores políticos. Su presentación ante el Tribunal Oral Federal N°2 deja en evidencia una ofensiva que va más allá del ámbito jurídico, y que apunta a cercenar por completo los derechos políticos de la actual líder del Partido Justicialista.
Los fiscales, conocidos por su cercanía al poder político anterior, manifestaron que el fallo que le permitió a la exmandataria cumplir la pena en su domicilio es “un desacierto más”, y utilizaron términos como “insólito” o “irrisorio” para referirse a las decisiones de los magistrados. La virulencia del escrito contrasta con el tono moderado que mantuvieron durante los tres años que duró el juicio oral, en el que incluso sus testigos —como el primo del expresidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra— pusieron en duda la solidez de la acusación fiscal.
El núcleo del planteo gira en torno a evitar que Cristina Kirchner continúe en su departamento de la calle San José, donde ha sido saludada por militantes desde la vereda. El Ministerio Público considera que estas manifestaciones atentan contra el carácter “resocializador” de la condena, e incluso se menciona la cercanía con la Facultad de Ciencias Sociales como un riesgo, insinuando que su sola presencia perturba el orden académico, algo que no tiene sustento en la realidad observable.
La intención de los fiscales parece clara: evitar cualquier escena de apoyo público a la expresidenta, especialmente en un contexto político donde su figura sigue teniendo un peso considerable. En ese marco, proponen opciones como El Calafate o alguna propiedad alejada del conurbano bonaerense para el cumplimiento de la prisión domiciliaria. Si no se accede a su planteo, piden al menos que el lugar de detención actual sea modificado por uno sin posibilidad de movilizaciones o manifestaciones.
El pedido no sorprende, ya que desde el inicio del proceso Luciani y Mola han insistido en una interpretación maximalista de las condenas. El caso del exfuncionario Nelson Periotti es ilustrativo: pese a tener 80 años y padecer múltiples enfermedades, los fiscales insistieron en que fuera trasladado a un penal. Solo la intervención del Cuerpo Médico Forense permitió que cumpla arresto domiciliario con tobillera electrónica.
El destino del recurso presentado por los fiscales será decidido por la Cámara Federal de Casación Penal, compuesta por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes en su historial han desestimado gran parte de las denuncias por irregularidades en la causa Vialidad. El 7 de julio se realizará una audiencia para tratar la cuestión del registro de visitas a Cristina Kirchner, pero aún no hay fecha para resolver el resto de los planteos.
Este nuevo capítulo judicial confirma lo que se sospechaba: más allá de las condenas formales, existe un intento sistemático por aislar políticamente a una figura central del escenario político argentino.
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