Una familia palestina fue deportada sin justificación legal en un episodio que evidencia cómo, bajo el gobierno actual, Argentina comienza a abandonar su histórica tradición de hospitalidad y respeto por los derechos humanos.
Argentina, históricamente reconocida por su hospitalidad y por abrir los brazos a “todos los hombres del mundo que quieran habitar en su suelo”, tal como lo proclama su propia Constitución, protagonizó en los últimos días un hecho que contradice de raíz esa tradición: una familia palestina fue retenida en Ezeiza durante más de 24 horas y deportada forzosamente, a pesar de haber ingresado con toda la documentación en regla.
Los cinco integrantes de la familia Abu Farha, empresarios cristianos residentes en Belén y dedicados al turismo religioso en Tierra Santa, arribaron a Buenos Aires el 16 de junio con la intención de vacacionar hasta el 25 del mismo mes. Tenían visas otorgadas por la embajada argentina en Tel Aviv, pasajes de ida y vuelta, reservas de hotel, carta de invitación, seguro médico y certificados de buena conducta. Sin embargo, lo que debía ser una estadía placentera se transformó en una pesadilla digna de las peores páginas del autoritarismo.
Apenas pisaron el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, fueron detenidos sin explicaciones. Les confiscaron los pasaportes, los aislaron, les negaron acceso a abrigo, comida e incluso medicación para enfermedades crónicas. Durante toda la detención, no se les proporcionó traducción ni se les permitió contactar abogados, pese a que una letrada acudió al aeropuerto para asistirlos y fue rechazada por el personal de Migraciones.
Luego de más de un día de retención, un agente les pidió que firmaran un documento en español alegando que les permitiría acceder a la zona de embarque para alimentarse. Sin traductor y confiando en lo dicho, firmaron lo que resultó ser una orden de deportación por supuesta falsedad en su condición de turistas. «Nos engañaron», denunció Sandy Abu Farha, una de las hijas. “Dijeron que era solo un permiso para ir a comer, pero era la expulsión. Nadie nos explicó nada”.
El gobierno argumentó que una “alerta internacional” sobre uno de los miembros motivó el rechazo. Sin embargo, el hombre señalado —Bassam Hanna Issa Abu Farha, padre de familia— ya había viajado a más de una decena de países este mismo año, incluyendo China, Europa y Medio Oriente, sin inconvenientes. Incluso portaba documentos oficiales que aclaraban una antigua confusión con un homónimo y contaba con antecedentes penales limpios.
A pesar de estas pruebas, la familia fue embarcada de regreso en un vuelo hacia Estambul. Solo en suelo turco les devolvieron los pasaportes, y desde allí debieron coordinar el difícil regreso a su ciudad, sin haber tenido nunca la posibilidad de defenderse legalmente en Argentina.
El hecho generó indignación entre sus allegados argentinos, operadores turísticos locales que los esperaban en el aeropuerto y no entendían por qué la familia no aparecía. También organizaciones de derechos humanos y especialistas en migración manifestaron su preocupación. Denuncian que la deportación se enmarca en un nuevo y alarmante enfoque migratorio que responde a intereses geopolíticos y reproduce políticas restrictivas similares a las del expresidente estadounidense Donald Trump.
El reciente DNU 366/2025, impulsado por el gobierno argentino, endurece los criterios de ingreso y amplía las facultades de los agentes fronterizos para denegar el acceso sin un procedimiento judicial previo. La norma permite que se rechace a cualquier persona sobre la que haya una “sospecha fundada” de que sus intenciones en el país no coincidan con lo declarado, aunque tenga visa otorgada. En este caso, ni la documentación perfecta ni el historial intachable de la familia sirvieron para evitar el atropello.
“El trato fue degradante, nos sentimos humillados”, expresó Sandy. “Mi padre es un empresario reconocido, viaja constantemente por el mundo y jamás le pasó algo parecido. Esto fue claramente discriminación por nuestra nacionalidad. En ningún otro lugar nos trataron así”.
Quienes conocen los procedimientos de Migraciones aseguran que un caso como este no ocurre sin una decisión política de alto nivel. Y todo parece indicar que detrás de la expulsión hubo una intención deliberada de mostrarse alineado con determinados intereses internacionales, sin considerar los principios históricos y constitucionales que hicieron de Argentina una tierra de acogida para perseguidos y soñadores.
Hoy, la familia Abu Farha no solo carga con la decepción de un viaje truncado, sino con el impacto de haber sido tratada como sospechosa por su nacionalidad. En contraste con una historia nacional que siempre se enorgulleció de recibir a quienes buscan paz, descanso o una nueva oportunidad, este episodio marca un preocupante quiebre en la identidad argentina.
¿Es este el país que aún honra el precepto de recibir “a todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”? Para muchos, lo sucedido en Ezeiza demuestra que esa promesa está en peligro.
Autor
