Sueldos millonarios y privilegios: la Corte Suprema se aumentó el salario tras confirmar la proscripción de Cristina

Apenas 48 horas después de firmar el fallo que ratificó la condena e inhabilitación política de Cristina Fernández de Kirchner, los jueces de la Corte Suprema de Justicia aprobaron un nuevo aumento de sus salarios. La medida, establecida a través de la Acordada 16/2025, fue firmada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, los mismos magistrados que avalaron la sentencia contra la ex presidenta.

El incremento salarial es del 2,2%, una cifra que podría parecer menor si no fuera porque se aplica sobre sueldos ya exorbitantes. Antes del aumento, los ingresos brutos mensuales eran los siguientes: Rosatti cobraba $19.147.398,84; Lorenzetti, $19.534.215,98; y Rosenkrantz, $18.567.176,62. Con la suba, todos ellos se acercan o superan los 19,5 millones de pesos, quedando al borde de los $20 millones mensuales.

Además del elevado monto, estos ingresos tienen otra particularidad: los jueces de la Corte no pagan Impuesto a las Ganancias, por lo que perciben el total de sus salarios sin descuentos fiscales, un privilegio que contrasta con la situación del resto de los trabajadores del país.

El aumento se produce en un contexto crítico para el sector público, donde el Gobierno nacional, por medio del Ministerio de Economía, impulsa una política de ajuste salarial extremo. Con un tope del 1% mensual para las paritarias estatales y la suspensión de homologaciones ya firmadas, numerosos gremios se ven imposibilitados de actualizar los ingresos de sus afiliados frente a la inflación.

Este contraste acentúa la brecha entre la realidad de la clase trabajadora y los beneficios reservados para los miembros del Poder Judicial, quienes gozan de un sistema de jubilaciones privilegiadas, estabilidad de por vida y exenciones impositivas. La nueva suba salarial no solo revive la discusión sobre los sueldos judiciales, sino que también pone el foco sobre el momento elegido: mientras se consolidaba la proscripción política de una figura central de la democracia argentina, los magistrados se garantizaban un nuevo incremento para sus ya generosas remuneraciones.

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