Desde que Javier Milei asumió la presidencia, dos empresas vinculadas al entorno íntimo del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se convirtieron en protagonistas silenciosas del nuevo mapa de contratistas estatales. Se trata de Global Protection Service (GPS) Group, dedicada a la seguridad privada, y La Bizantina S.G. S.A., que presta servicios de limpieza. Ambas acumulan adjudicaciones por más de 4.300 millones de pesos en tan solo un año y medio, sin antecedentes previos en la administración pública.
El caso de GPS Group es particularmente revelador. Su aparición en el mercado estatal fue súbita y coincide con la retirada formal de Martín Menem de Tech Security, la firma que había fundado junto a sus hermanos y que hasta 2023 concentraba varios contratos públicos. GPS no solo absorbió algunos de esos contratos, sino que los amplió. Su nuevo rostro visible es Evangelina Inés Hazaff, pero la figura detrás del negocio es su hermano, Nicolás “El Turco” Hazaff, un empresario tan influyente como escurridizo.
La red tejida por los Hazaff y los Menem permitió que GPS ganara licitaciones claves con organismos como la ANDIS, el INCUCAI, ENARGAS, ANAC y el Teatro Nacional Cervantes. Varios de esos contratos fueron prorrogados y ampliados, elevando sus cifras a niveles millonarios. Un caso significativo es el del Teatro Cervantes, donde un contrato inicial de $152 millones fue renovado por $448 millones, apenas un año después.
Los lazos empresariales también se extienden al rubro de limpieza. La Bizantina, presidida por el cuñado de Hazaff, Claudio Oberst, recibió contratos del propio Congreso Nacional —dirigido por Martín Menem— y de dependencias del Ministerio de Seguridad. Solo el servicio de limpieza de la Cámara baja fue adjudicado por $694,7 millones, cifra que se suma a otros contratos por más de $650 millones en el Ejecutivo.
Ambas compañías fueron beneficiadas durante una etapa en la que el Gobierno nacional impulsó una supuesta desregulación y recorte del gasto público. Sin embargo, en paralelo, se abrieron oportunidades para que empresas sin antecedentes previos ingresaran al circuito estatal con contratos millonarios, en procesos en los que la competencia y la transparencia están en entredicho.
La estrategia del clan Menem parece replicar una fórmula ya conocida en la política argentina: delegar responsabilidades en hermanos, cuñados o testaferros para seguir operando en el mundo de los negocios mientras se ejerce un cargo público. Como si esto no bastara, GPS ya se posiciona para desembarcar en el negocio del transporte aéreo, con el lanzamiento de Global Handling, una marca orientada a aprovechar la desregulación del sistema de cargas aeroportuarias.
El presidente de la Cámara baja declaró recientemente que viaja “perfecto” con Aerolíneas Argentinas. Sus elogios no son casuales: GPS ya terceriza servicios de seguridad vinculados con esa empresa estatal, con contratos no públicos que, según estimaciones, superarían los mil millones de pesos al año.
Lo que emerge del análisis de este entramado es una estructura empresarial familiar que, lejos de achicar al Estado, ha sabido adaptarse para beneficiarse de él. La prédica anticasta pierde sustancia cuando quienes la enarbolan tienen vínculos tan estrechos con negocios estatales. En definitiva, bajo el discurso de austeridad y eficiencia, algunos viejos hábitos de la política argentina parecen gozar de excelente salud.
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