Javier Iguacel, el exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri que presentó la denuncia que derivó en la condena de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, se convirtió recientemente en el flamante titular de una empresa petrolera que se adjudicó cuatro áreas clave de YPF. La maniobra, realizada a través de una firma sin trayectoria en el rubro energético y con un capital inicial mínimo, abrió una fuerte polémica en torno a la transparencia del proceso y el posible uso de influencias políticas.
El negocio se concretó en un contexto particular: en abril de 2024, el Banco Santander organizó una licitación para desprenderse de 55 áreas convencionales de YPF, como parte del denominado Plan Andes. Pocos meses después, el 28 de junio, nació la empresa Bentia Energy S.A., con Iguacel como presidente y con Lucas Logaldo —exjefe de Gabinete del Ministerio de Energía durante el macrismo— como parte del directorio. Apenas 38 días después, el 5 de agosto, esta flamante compañía resultó adjudicataria de los clusters Vaca Muerta Norte y Sur, en la provincia de Neuquén.
A pesar de no contar con ningún tipo de experiencia operativa en el sector petrolero, la empresa recién formada se quedó con activos que generan ingresos estimados en 100 millones de dólares anuales. Lo más llamativo es que el capital inicial declarado fue de tan solo 6.250 dólares.
La operación ha encendido alarmas en el sector energético y político. Diversos analistas advierten que se trata de un caso paradigmático de puertas giratorias entre la función pública y los negocios privados. No se trata de un empresario con trayectoria en hidrocarburos, sino de un exfuncionario que fue pieza clave en una de las causas judiciales más resonantes de los últimos años, y que hoy aparece vinculado a una adjudicación millonaria.
La velocidad con la que se otorgó la licitación, sumada al perfil de los involucrados, genera interrogantes sobre la imparcialidad del proceso y abre nuevamente el debate sobre el rol de los exfuncionarios que utilizan su paso por el Estado para construir plataformas de negocios en áreas sensibles de la economía nacional.
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