Cristina Fernández de Kirchner enfrenta nuevas definiciones judiciales en el marco de su prisión domiciliaria. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal fijó una audiencia para el 7 de julio a las 12 horas, en la que evaluará si mantiene o modifica el régimen de visitas dispuesto por el Tribunal Oral Federal Nº 2. La exmandataria se encuentra cumpliendo arresto en su residencia del barrio porteño de Constitución.
El TOF estableció que solo un grupo limitado de personas puede ingresar al domicilio de la expresidenta: familiares, abogados, médicos y custodios. Cualquier otra visita necesita aprobación previa del tribunal. Esta decisión fue cuestionada por la defensa, que la considera una restricción excesiva e injustificada, incompatible con los derechos que amparan a una persona en prisión domiciliaria.
Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy apelaron el fallo luego de que el tribunal rechazara su pedido de flexibilización. Sostienen que no se pueden imponer condiciones adicionales más allá del cumplimiento estricto de la privación de la libertad, y que la medida interfiere con la vida personal, social y política de la titular del PJ.
En sus fundamentos, la defensa destacó que además de los vínculos familiares, la exmandataria mantiene relaciones estrechas con personas del ámbito afectivo y político que deberían poder visitarla. Subrayaron también que la expresidenta necesita reunirse con profesionales que la asesoran en temas contables y administrativos, y que el ejercicio de su liderazgo político no puede estar supeditado a decisiones judiciales puntuales.
Los magistrados de la Sala IV —Borinsky, Hornos y Barroetaveña— serán los encargados de evaluar los argumentos y tomar una decisión en un plazo de cinco días hábiles luego de la audiencia. Mientras tanto, numerosos dirigentes y ciudadanos ya solicitaron autorización para visitarla: 44 diputados, 30 senadores y más de 700 particulares se sumaron a la lista.
Por otro lado, aún no fue elevada a Casación la apelación contra la colocación de una tobillera electrónica, medida impuesta para monitorear el cumplimiento de la prisión domiciliaria. Además, los fiscales del caso Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, todavía disponen de plazo para impugnar la prisión domiciliaria, ya que expresaron su desacuerdo con la resolución original y anticiparon la posibilidad de apelar.
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