El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, continúa sin entregar información sobre el funcionamiento del cuerpo de inteligencia de la Policía Federal, a pesar de estar obligado por la Justicia a hacerlo. El reclamo, iniciado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hace casi dos años, expone la permanencia de estructuras de espionaje internas que han operado en secreto desde la segunda mitad del siglo XX.
En un contexto en el que se publicita la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) como símbolo de modernización policial, se mantiene oculto el accionar del Cuerpo de Informaciones, también llamado Cuerpo de Inteligencia Criminal. Esta unidad, que ha funcionado desde 1950 en la sombra, fue responsable de múltiples infiltraciones en organizaciones civiles, incluso durante gobiernos democráticos.
El CELS presentó en 2023 un pedido formal para acceder a la normativa que regula la inteligencia de la PFA. Solicitó, entre otros puntos, que se esclareciera si existían marcos legales que respaldaran operaciones encubiertas como las de Iosi Pérez o Américo Balbuena. También requirió información sobre posibles vínculos del exespía Ciro James con esta estructura.
El pedido fue rechazado por la administración anterior y judicializado por el CELS. Con el cambio de gobierno, los nuevos representantes legales del ministerio insistieron en que se trataba de información secreta. Sin embargo, tanto un juez federal como la Cámara en lo Contencioso Administrativo determinaron que el Ministerio de Seguridad debía brindar la información solicitada, conforme a la Ley 27275 de Acceso a la Información Pública.
Pese a un fallo judicial firme, el Ejecutivo no cumplió con lo ordenado. El juez Martín Cormick intimó al Ministerio en mayo para que en cinco días entregara la documentación requerida. La respuesta oficial fue evasiva: solo se expresó la voluntad de revisar el rechazo original, pero no se entregaron los documentos exigidos.
“El Gobierno está en falta con una orden judicial clara. Es muy grave que se niegue a transparentar el funcionamiento de un cuerpo de inteligencia que históricamente vulneró derechos fundamentales”, advirtió Diego Morales, del CELS. Para Myriam Bregman, que participó como querellante en causas contra espías infiltrados, el reciente decreto 383/25 representa una legalización encubierta del espionaje interno, con origen en normativas heredadas de dictaduras militares.
Además, recordó que la Justicia condenó por su accionar a Balbuena y sus superiores, y que la existencia de este cuerpo ya fue declarada incompatible con un Estado de derecho. A pesar de que tanto ella como la exministra Nilda Garré presentaron proyectos para su disolución, nunca fueron aprobados.
El logo del DFI, un halcón, remite directamente a los antiguos nombres de los espías de la PFA. Para muchos, este tipo de simbología revela que, más allá de los anuncios de modernización, persisten prácticas y estructuras que deberían haber quedado en el pasado.
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