El senador Pablo Blanco presentó un proyecto de ley con dos objetivos clave: garantizar la independencia de la Oficina Anticorrupción (OA) y restringir el uso de redes sociales por parte de los funcionarios públicos para promover intereses privados. La propuesta llega luego de que el organismo actual, conducido por Alejandro Melik, cerrara un expediente sin investigar al presidente Milei en relación con la promoción de la criptomoneda $LIBRA.
La iniciativa propone que la OA se convierta en un ente con autonomía operativa y presupuestaria, cuyo titular será designado mediante un concurso público de oposición y antecedentes. Esta persona contará con un rango equivalente al de ministro y no podrá recibir instrucciones del Poder Ejecutivo, lo cual marcaría un quiebre respecto de la actual estructura.
“El hecho de que las funciones y estructura del organismo puedan modificarse con un decreto simple lo convierte en una institución débil frente a quienes debe controlar”, explicó el senador fueguino. Por eso considera esencial que el Congreso sancione una ley que le otorgue respaldo institucional y garantías para actuar con independencia.
Otro eje del proyecto busca modificar la Ley de Ética Pública para impedir que los funcionarios usen sus perfiles personales en redes sociales para difundir o avalar marcas, servicios o productos. La idea es evitar la confusión entre acciones personales y funciones oficiales, especialmente en un contexto en el que los actos públicos y privados tienden a solaparse en la esfera digital.
La propuesta del senador Blanco apunta así a actualizar las reglas de comportamiento en la administración pública y blindar a los organismos de control de interferencias políticas, en momentos donde la confianza en las instituciones se ve afectada por decisiones controversiales.
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