La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue denunciada penalmente por la regional Capital de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) debido a un operativo de seguridad implementado durante la movilización del pasado 18 de junio hacia Plaza de Mayo. La presentación judicial sostiene que el dispositivo buscó obstaculizar la llegada de manifestantes al centro porteño, con el objetivo de dificultar la concentración en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner.
La denuncia, impulsada por el dirigente gremial Daniel “Tano” Catalano, recayó en el Juzgado Federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. Según el escrito, las fuerzas de seguridad detuvieron dos micros provenientes de La Plata que transportaban militantes de ATE, impidiéndoles el cruce por un acceso alternativo al Puente Pueyrredón, conocido como el “Puente Viejo”, lo que afectó directamente el ejercicio del derecho a la manifestación pública.
Desde el sindicato argumentaron que Bullrich incurrió en abuso de autoridad y violación de derechos fundamentales, al utilizar el aparato represivo del Estado para bloquear el acceso a la protesta. En la presentación se remarca que esta acción se enmarca en una política restrictiva hacia las movilizaciones sociales, vigente desde diciembre de 2023 con la firma de la resolución 943, conocida como “protocolo antipiquetes”, actualmente cuestionada tanto en la justicia argentina como en organismos internacionales.
El abogado Rodolfo Yanzón, quien patrocina la causa, citó tratados y pronunciamientos del sistema internacional de derechos humanos que respaldan el derecho a la protesta pacífica. En el texto se destaca que las fuerzas de seguridad, lejos de obstaculizar las manifestaciones, deben resguardar la integridad de quienes participan, organizan u observan estos actos públicos.
La presentación también hace referencia al reciente decreto 383, firmado por Bullrich y el presidente Javier Milei, que otorga mayores atribuciones a la Policía Federal, como la posibilidad de detener personas sin orden judicial y realizar requisas arbitrarias. Esta normativa ha sido duramente cuestionada por juristas y organismos defensores de derechos humanos.
Por otro lado, el diputado nacional Leopoldo Moreau, integrante de Unión por la Patria, anunció que impulsará una denuncia contra la ministra por presunta violación de la Ley de Inteligencia (25.520). Según denunció, las requisas en los micros no solo buscaban frenar la protesta, sino que habrían tenido como fin recabar datos personales de los manifestantes. Moreau también pedirá que Bullrich comparezca ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia para dar explicaciones sobre el uso de estas herramientas.
Autor
