Mientras el Gobierno mantiene congelados los pagos por servicios vinculados a la atención de personas con discapacidad, miles de profesionales y familias denuncian el colapso del sistema. Las consecuencias son evidentes: centros que no pueden sostener su actividad, profesionales sin ingresos y miles de niños y adultos sin acceso a terapias esenciales.
Claudia, coordinadora de un centro terapéutico en Avellaneda, explicó que las obras sociales demoran meses en autorizar los tratamientos y, cuando lo hacen, aprueban apenas una parte. “Las familias pagan cuotas completas por servicios que casi no existen, mientras nosotros ya no podemos ofrecer muchas terapias”, afirmó. En Merlo, Lorena, acompañante terapéutica, cobra el mismo sueldo desde septiembre y pasó dos meses sin ningún ingreso. “Estamos sosteniendo todo con esfuerzo y con dignidad, pero esto no se aguanta más”, comentó.
En Turdera, la histórica ONG Betania —dedicada hace 40 años al acompañamiento de personas con discapacidad severa— enfrenta un déficit mensual de 15 millones de pesos. “Cada familia debería poner 260 mil pesos más por mes para poder sostener el hogar. Es insostenible”, relató uno de sus responsables. En tanto, Débora, coordinadora de un espacio terapéutico en el conurbano bonaerense, manifestó que llevan cinco meses sin percibir pagos. “Nos encontramos en una encrucijada ética: si dejamos de atender, los abandonamos; si seguimos, lo hacemos con el corazón, pero sin recursos”.
La crítica situación también impacta en los barrios más vulnerables. Romina, psicóloga en un centro escolar en Flores, expresó que no están recibiendo nuevos pacientes por falta de pago. “Muchos de los chicos que atendemos vienen de contextos de exclusión, y ahora están quedando sin contención”.
Además de los recortes en prestaciones, las organizaciones denunciaron ante la ONU el proceso de auditoría sobre pensiones no contributivas que, aseguran, se lleva adelante sin garantías ni accesibilidad. Estiman que unas 400 mil personas podrían quedar sin este beneficio fundamental. La denuncia fue firmada por organismos como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional, entre otros.
El Gobierno, por su parte, continúa sin brindar respuestas concretas. Mientras tanto, el sistema sigue debilitándose y con él, el derecho a la salud, la educación y la inclusión de miles de personas con discapacidad en todo el país.
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