Con el objetivo de endurecer los controles y limitar el acceso a ciertos beneficios, el Poder Ejecutivo oficializó una reforma a la ley migratoria mediante el Decreto 366/2025. Publicado en el Boletín Oficial, el texto firmado por el presidente Javier Milei y sus funcionarios más cercanos redefine el trato que recibirán los ciudadanos extranjeros en Argentina en ámbitos clave como salud, educación, y ciudadanía.
Una de las principales novedades es la posibilidad de imponer aranceles a extranjeros en hospitales públicos y universidades nacionales. Las personas con residencia transitoria, temporaria o irregular deberán abonar por la atención médica no urgente o, en su defecto, contar con un seguro de salud al ingresar al país. Las universidades, a su vez, podrán cobrar por sus servicios a los estudiantes que no cuenten con residencia permanente, dejando fuera de la gratuidad a una parte del estudiantado extranjero.
La reforma también modifica el acceso a la ciudadanía argentina. Antes, los migrantes podían solicitarla tras dos años de residencia continua, con excepciones para quienes hubieran prestado servicios útiles al Estado. Esta opción ya no estará disponible. Ahora, solo podrán acceder quienes cumplan con los dos años de residencia legal y continua, o quienes realicen una inversión económica significativa en el país. Además, el tiempo de validez de la residencia precaria se reduce de seis meses a tres.
En el ámbito educativo, se introduce una distinción importante. Aunque se garantiza el acceso de migrantes a los niveles inicial, primario y secundario —incluso en situación irregular—, se elimina la mención explícita al acceso a la educación superior gratuita. A partir de ahora, las instituciones universitarias estatales tendrán la potestad de establecer aranceles para aquellos que no sean ciudadanos argentinos ni tengan residencia permanente.
También se refuerzan las medidas en torno a la deportación. La nueva normativa establece que cualquier persona que cometa un delito, sin importar la pena, podrá ser deportada. A su vez, se niega el ingreso a todo extranjero que cuente con antecedentes penales. El Ejecutivo sostiene que estas medidas buscan preservar los recursos del Estado frente al aumento del flujo migratorio global, que atribuyen en parte a las políticas de deportación de países como Estados Unidos.
Con estos cambios, el Gobierno busca delinear un nuevo paradigma migratorio centrado en la reciprocidad y en el control de los recursos públicos. No obstante, la reforma ha despertado controversia por sus posibles implicancias en derechos adquiridos y en la integración social de las comunidades migrantes. El tiempo y la implementación concreta de las medidas determinarán el verdadero alcance de esta reconfiguración de la política migratoria argentina.
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