Organizaciones de la sociedad civil junto a organismos de derechos humanos presentarán esta semana una denuncia internacional contra el Estado argentino por incumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, consagrados en la Constitución Nacional. La acción será formalizada ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que depende de Naciones Unidas.
La denuncia llega en un contexto complejo: mientras el Congreso se encamina a debatir la declaración de emergencia en discapacidad, el Gobierno nacional rechaza la iniciativa escudándose en la meta de “déficit cero”, a pesar de que el impacto fiscal sería mínimo. El proyecto, que ya cuenta con dictámenes de mayoría en tres comisiones de la Cámara de Diputados, busca modificar los criterios de acceso a prestaciones básicas y actualizar aranceles largamente congelados.
Esta misma semana comenzó un paro de tres días por parte de prestadores del sistema, afectados por la falta de actualización de tarifas desde hace más de un año. Esto ha generado serias dificultades para los beneficiarios, que enfrentan la interrupción de servicios esenciales como el transporte adaptado, las terapias de rehabilitación y la asistencia escolar. “Un transportista cobra 500 pesos por kilómetro, cuando el precio del combustible lo hace inviable. Dejan de trabajar y los chicos se quedan en sus casas sin asistencia”, explicó Ana Dones, referente de la Red por los Derechos de Personas con Discapacidad.
El informe técnico de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), publicado recientemente, calculó que el impacto total de la propuesta rondaría entre el 0,22 y el 0,42 por ciento del PIB. Esto incluye un posible aumento de beneficiarios y el reajuste de tarifas. Además, contempla una partida específica de $277.349 millones para compensar la pérdida acumulada por inflación desde diciembre de 2023, y un refuerzo de $7.160 millones para talleres protegidos.
La oposición parlamentaria, liderada por legisladores como Daniel Arroyo, sostiene que el Estado tiene una deuda histórica con el colectivo de personas con discapacidad. “No se trata sólo de costos fiscales, sino de derechos humanos incumplidos. No se puede evaluar el tema desde una lógica empresarial cuando hay miles de personas que no reciben asistencia desde hace meses”, expresó.
El trámite legislativo enfrentó resistencias dentro del oficialismo. La Comisión de Presupuesto, presidida por el diputado José Luis Espert, se negó inicialmente a tratar el proyecto, por lo que se debió forzar su debate en el recinto, logrando una mayoría de 126 votos a favor.
La preocupación de los colectivos va más allá del tratamiento legislativo: temen que, aún con la aprobación en ambas cámaras, el presidente Javier Milei vete la ley. “No le interesa el impacto social, sólo los números. Pero lo que nos preocupa no es que se apruebe, sino que después lo rechace con un decreto”, advirtió Dones.
Mientras tanto, la denuncia ante el Comité de la ONU busca visibilizar la situación crítica de este sector en el plano internacional. Argentina ha suscrito la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la ha incorporado a su Constitución, pero según las organizaciones, las acciones del actual Gobierno vulneran gravemente sus compromisos.
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