En un nuevo giro en la política de regulación del cannabis medicinal, el Gobierno nacional estableció una serie de modificaciones que permitirán nuevamente la inscripción al Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) para pacientes, cultivadores y organizaciones civiles. La medida fue oficializada mediante la Resolución 1780/2025, publicada recientemente en el Boletín Oficial.
Esta normativa reemplaza a la anterior Resolución Ministerial 3132/2024, que había generado críticas por las restricciones impuestas, las cuales limitaban significativamente el acceso de usuarios al programa. Con la nueva reglamentación, se busca revertir los efectos negativos generados por el esquema anterior, al que se lo consideró desarticulado e inadecuado para la realidad de muchos pacientes.
Según explicaron fuentes oficiales, se detectaron situaciones de uso inapropiado del marco vigente, lo que motivó la necesidad de ordenar el sistema. El Ministerio de Salud destacó la importancia de incorporar de manera clara las distintas categorías de personas habilitadas para cultivar con fines terapéuticos, así como también regular los proyectos de investigación en el área.
La nueva resolución contempla dos grupos principales de inscripción. Por un lado, el cultivo con fines terapéuticos para pacientes, que incluye a quienes cultivan para su propio tratamiento, a familiares, a terceros autorizados y a organizaciones civiles. Por otro lado, se habilita la participación de personas físicas y jurídicas que presenten proyectos de investigación científica y desarrollo, en el marco de lo establecido por la Ley 27.350.
El acceso al Reprocann estará disponible para quienes cuenten con indicación médica para el uso de cannabis con fines medicinales, terapéuticos o paliativos del dolor, así como para aquellos que puedan acreditar su rol como cultivadores o investigadores. La medida representa un paso clave hacia un modelo más inclusivo y controlado de acceso al cannabis medicinal en el país, permitiendo que diversas figuras jurídicas y civiles puedan actuar dentro de un marco legal definido y actualizado.
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