En una jugada que despierta sospechas y críticas por igual, el gobierno de Javier Milei decidió archivar el escándalo de la criptomoneda $Libra al mejor estilo “borrón y cuenta nueva”. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el mandatario disolvió la comisión que se encargaba de investigar su presunta participación en una megaestafa internacional relacionada con ese activo digital.
La Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada hace apenas unos meses, fue eliminada por el mismo poder que la engendró. El decreto sostiene que la comisión ya “cumplió con todos los objetivos”, aunque nunca se conocieron las conclusiones de su trabajo. El silencio institucional reina, mientras las preguntas se multiplican.
¿Por qué se disuelve una comisión sin publicar su informe final? ¿Qué datos se recabaron y qué nivel de implicancia tenía el presidente en la operación cripto? ¿Qué papel jugó la Oficina Anticorrupción en este proceso? Nada de eso fue respondido.
Lo que sí se sabe es que la comisión fue lanzada en febrero con la supuesta intención de “colaborar de forma rápida y expedita con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal” en el esclarecimiento del escándalo. Tenía potestad para requerir información de todos los organismos estatales, y contaba con el apoyo formal de la Oficina Anticorrupción, el Banco Central, la UIF, la Comisión de Valores, y otras dependencias clave.
La directora designada para encabezar la UTI era María Florencia Zicavo, funcionaria de extrema confianza del ministro Cúneo Libarona. Desde el principio, el proceso estuvo rodeado de críticas por su falta de independencia y transparencia.
El decreto que elimina la comisión, firmado por Milei y Libarona, se limita a afirmar que “la UTI ya cumplió con su función”, sin detallar qué descubrió ni si halló elementos que involucraran al Presidente. En medio de este silencio oficial, la única certeza es que el Ejecutivo desactivó una investigación sobre sí mismo y cerró el capítulo sin mostrar ni una página del expediente.
Mientras tanto, la causa penal sigue abierta en el juzgado de María Servini. Pero en el ámbito político, el mensaje parece claro: el gobierno ya se investigó… y se absolvió.
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